El Estado de Nicaragua ante su intento fallido de que los demás Estados de la región centroamericana y República Dominicana avalaran su propuesta de reelegir a Vinicio Cerezo para un periodo más como secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a último momento tuvo que presentar una terna de candidatos de la que tendría que ser seleccionado uno de ellos para ocupar el cargo de secretario general de la Secretaría General del SICA para el periodo 2021-2025. El secretario general del SICA es el funcionario de más alto rango administrativo del Sistema, es nombrado por la Reunión de Presidentes para un periodo de cuatro años. Así lo establece el Protocolo de Tegucigalpa en su Artículo 25 y 26.
Cabe mencionar que Vinicio Cerezo se mostró halagado y complacido de que el Gobierno de Nicaragua propusiera su reelección y cabildeó ante los demás Estados para que aceptaran la propuesta de Nicaragua, sin éxito alguno. Hasta dijo en uno de sus webinar en celebración de los 30 años del SICA que le parecía estar en un déjà vu, haciendo una clara comparación de la crisis de los últimos años en los ochenta que padeció la región con la crisis que está pasando actualmente el Estado de Nicaragua.
Desde el pasado 30 de junio Vinicio Cerezo finalizó su período como secretario general y hasta la fecha se desconoce quién es la persona que va a asumir ese cargo. Siete Estados de Centroamérica miembros del SICA como son Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana se enfrentan al dilema de elegir a un candidato nacional propuesto por un Estado miembro del SICA. La selección de este cargo está envuelta en obstáculos internos y externos ya que desde el año 2018 Nicaragua enfrenta una de las peores crisis políticas de la región, lo que atenta contra objetivos y propósitos del SICA, como son el de consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por el voto libre y secreto y el irrestricto respeto a los Derechos Humanos, así como el fortalecimiento del poder civil sobre las fuerzas armadas e impulsar un régimen de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso de la sociedad en su conjunto.
Otro de los obstáculos son las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano a varios de los funcionarios públicos y miembros de la familia presidencial del Gobierno de Nicaragua, así como las resoluciones en su contra por parte de la Unión Europea y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Hay que tener en cuenta que la última resolución de la Unión Europea del 8 de junio en contra de Nicaragua y para sacar a esta del Acuerdo de Asociación impacta en el SICA, dado que en el numeral nueve de dicha resolución le dan un retocadita al Sistema haciéndole un llamado a que desempeñen un papel más activo en la defensa, protección y promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, según lo establecido en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991 y en el Tratado Marco de 1995 sobre Seguridad Democrática en Centroamérica, cuyo artículo uno declara que la democracia se fundamenta en la existencia de gobiernos elegidos por sufragio universal y libre en voto secreto y en el respeto incondicional a todos los Derechos Humanos en los Estados que integran la región centroamericana. Otro de los factores que pesan es que la Unión Europea es el mayor cooperante del SICA y una disminución de esos recursos afectaría la cuestionada operatividad del Sistema.
Desde que se creó el Sistema de la Integración Centroamericana en 1991 producto de los Acuerdos de Esquipulas II de 1988, es la primera vez en la historia de la institucionalidad de este órgano regional que vive una crisis como esta, está sin secretario general, así como también hubiera sido la primera vez que se hubiese reelegido a un funcionario de esta envergadura, acto que habría significado un golpe fuerte y contundente para el ordenamiento del Sistema de cara al futuro.
Si el escenario de la reelección se hubiera dado, ese acto sería ilegal e ilegítimo, en contra del espíritu integracionista y de los principios de imparcialidad, independencia e integridad, oportunidad, proporcionalidad, publicidad y transparencia, además de que un candidato propuesto no debe de actuar, ni solicitar ni recibir instrucción alguna de ninguno de los gobiernos de los Estados miembros del Sistema, ya que al asumir este cargo se debe de apegar a los intereses regionales. Otro impacto negativo sería que se afectaría la alternancia de la rotación geográfica de la representación de la Secretaría General SICA, si esta ya se vio afectada en cuanto a la rotación geográfica de la Presidencia pro Tempore del SICA, que le tocaba presidir a Panamá durante el segundo semestre del 2021 y por la celebración de los doscientos años de independencia de Centroamérica el Estado de Costa Rica se la entregó al Estado de Guatemala con base en acuerdos previos.
Para ostentar el cargo de secretario general del SICA, el candidato seleccionado debe cumplir con los requisitos de ser nacional del Estado proponente, estar en pleno goce de sus derechos políticos, tener experiencia en temas regionales y del proceso de Integración Centroamericana, contar con título universitario a nivel de licenciatura o maestría equivalente o superior, tener conocimiento del cargo, y ser de reconocida solvencia moral y de defensa al espíritu integracionista.
En lo sucesivo veremos cuál será la salida que encontrará a esta crisis del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para notificar al Sistema quién estará a cargo de la titularidad de esta instancia regional. La solución no está en suspender al Estado de Nicaragua del Sistema, podría darse la posibilidad de que así como pasaron la Presidencia pro Tempore al Estado de Guatemala, también la propuesta de nombramiento del secretario general del SICA debería de pasar a manos del Estado de Guatemala. Pero ninguna de estas situaciones está contemplada en el marco jurídico del Derecho Comunitario Centroamericano, por lo que los Estados se están enfrentando a una crisis que les llevará a modificar y a hacer reformas profundas y necesarias a varios instrumentos normativos del Derecho Comunitario para encontrar una salida consensuada, apegada a Derecho, con transparencia para que no afecte la institucionalidad del Sistema.
La autora es docente, máster en Integración Regional.