Mientras sigue la represión que incluye el encarcelamiento de 7 precandidatos presidenciales, entre ellos algunos con potencial para derrotar a Daniel Ortega en las urnas electorales, comienza hoy la inscripción de candidatos para las elecciones del 7 de noviembre.
Los partidos que participarán en estas elecciones irregulares en las que ya se sabe quiénes van a ganar, tienen hasta el 2 de agosto para inscribir sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República, diputados nacionales y departamentales, y diputados al Parlamento Centroamericano. Del 3 al 9 de agosto los candidatos inscritos podrán renunciar o ser sustituidos. Del 13 al 15 podrán ser impugnados y el 18 de agosto será la publicación definitiva de las listas de candidatos. Y, por fin, el 21 de agosto arrancará esta extraña campaña en la cual lo único que no se sabe es si el partido de oposición tendrá libertad para hacer movilizaciones públicas y propaganda electoral.
Las elecciones siempre crean la expectativa acerca de quiénes serán los electos. Pero eso es en los países democráticos. No es el caso de Nicaragua donde desde los comicios municipales de 2008 las elecciones son manipuladas por el régimen para ganarlas siempre. Y por eso no hay expectativas por sus resultados.
Sin embargo, después del estallido social de abril de 2018 se creó la posibilidad de que las elecciones de 2021 fuesen adelantadas a 2019, mediante un acuerdo del régimen con la oposición para resolver mediante la vía electoral la grave crisis socio política del país.
Lamentablemente no se pudo lograr el adelanto de las elecciones. Ni siquiera fue posible conseguir las reformas electorales necesarias para que los comicios de noviembre de 2021, en la fecha señalada por la Constitución, pudieran ser competitivos, justos y transparentes.
Además, los diversos sectores de la oposición no pudieron unirse en una sola plataforma electoral. Y a estas alturas, cuando pronto va a arrancar la campaña electoral, solo ha quedado una frágil opción opositora sin capacidad ni de hacerle mella a la dictadura. Lo cierto es que en las votaciones del 7 de noviembre ni siquiera habrá competencia por el segundo lugar, que significa tener un diputado adicional de gratis y la participación minoritaria en el tendido electoral, ya que esto no lo decidirán los votos sino el mismo régimen según su gusto y conveniencia.
Habrá que esperar las encuestas —las serias y creíbles—, para conocer después de que hayan sido oficializadas las candidaturas como estará el ánimo e interés de los ciudadanos opositores e independientes para ir a votar. Los nicaragüenses han demostrado que ya no quieren violencia para dirimir los conflictos políticos. Las frustraciones del pasado motivan a la gente a creer en la vía electoral como la única deseable para cambiar gobiernos, pero las desilusiones por las políticas erráticas de la oposición la pueden llevar al ausentismo electoral.
Ojalá que no ocurriera eso. Los ciudadanos independientes son los dueños de sus votos, no el régimen ni los partidos políticos. Y podrían usarlos en un gran ejercicio de civismo democrático yendo masivamente a las urnas, para mostrar su anhelo de cambio aunque por ahora no se pueda cambiar nada. La alternativa es renunciar al voto, practicar la abstención que es lo que más le conviene a Ortega.
Además, el 7 noviembre de 2021 no termina la historia de Nicaragua, ni la posibilidad de recuperar la democracia por medio de elecciones. Si la crisis no se resuelve y más bien se agrava en 2022, se podría volver a plantear la necesidad de adelantar las siguientes elecciones y de hacerlas libres, competitivas y transparentes.
