El cambio de gobierno en el Perú a partir del 28 de julio tendrá repercusión política directa en Nicaragua. A partir de la instalación del gobierno del presidente de extrema izquierda Pedro Castillo, el pueblo azul y blanco de Nicaragua habrá perdido un apoyo en las Américas, particularmente en la OEA. En cambio, el régimen dictatorial de Daniel Ortega habrá ganado un aliado para su mala causa.
Pero lo peor es para el Perú. La toma del poder por Castillo y su partido ultra izquierdista Perú Libre, representa la inminente amenaza de que se instale un régimen autoritario que demuela las instituciones democráticas, como lo han hecho los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Con sus propias palabras Pedro Castillo ha anunciado que en su toma de posesión, pedirá la convocatoria a una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Dice que esa será la primera prioridad de su gobierno, sin duda que para ante todo abolir la prohibición constitucional de la reelección presidencial. Un solo período de gobierno no es suficiente para su fantasioso plan de hacer una profunda revolución y refundar el Estado del Perú. “Preparémonos —dijo— no solo para estar en este Gobierno, sino para sostenerlo y que más adelante se siga dando la oportunidad para el pueblo”.
Es el mismo lenguaje mesiánico y totalitario de Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela o Díaz Canel en Cuba; creen que ellos son el pueblo, su encarnación e iluminación política y que están predestinados a detentar el poder para siempre.
Durante la campaña electoral el ahora principal diputado de Perú Libre, Guillermo Bermejo, proclamó que si llegaban al poder no lo iban “a soltar”. Y agregó que en su partido no creen en lo que llamó despectivamente “pelotudeces (tonterías) democráticas”. Por su parte, Castillo dijo en la campaña electoral que respetaría la Constitución, pero solo hasta que el pueblo lo decida. Y como cree que él es el pueblo ahora ha expresado que no perderá tiempo en pedir la Constituyente para hacer una nueva Constitución a la medida de sus objetivos.
La Constitución Política del Perú dice en su artículo 206, que la iniciativa de reforma constitucional le corresponde al presidente de la República, a los congresistas o diputados y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3 por ciento de la población electoral. La reforma debe ser aprobada por mayoría absoluta del total de los miembros legales del Congreso y ratificada en referéndum, pero este se puede omitir si el Congreso aprueba la reforma en dos legislaturas sucesivas, con una votación en cada caso superior a los dos tercios de miembros del Congreso.
El partido de Pedro Castillo será mayoritario en el Parlamento, pero solo relativamente, con 37 diputados de los 130 que componen el Congreso. Para lograr la reforma constitucional tendría que convencer, sobornar, extorsionar o lo que sea a 29 congresistas o más, de los otros nueve partidos políticos que formarán parte del Congreso.
Las experiencias de Venezuela y Nicaragua, y antes las de Ecuador y Bolivia, han enseñado que los líderes izquierdistas no tienen escrúpulos para lograr su objetivo de desmantelar las instituciones democráticas después de subir al poder mediante elecciones libres.
Ojalá que Castillo no lo consiga en el Perú. Que se lo impida la enorme cantidad de gente que votó contra él —casi tantos como los que votaron a su favor—, para no perder su libertad y sus derechos, incluyendo el de seguir eligiendo libremente a sus gobernantes y representantes.
