La persecución judicial y las violaciones de derechos humanos en el contexto electoral en Nicaragua fue analizado por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), el observatorio Urnas Abiertas y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, en el marco de la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y tras la actualización oral de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, sobre Nicaragua.
«La realidad que vive Nicaragua, que es una realidad de un estado policial, de un ambiente de represión permanente, que debilita todo el estado de derecho, que proviene de hechos que se acumulan y se recrudeció a partir de 2018, debido a la manera en que el Estado respondió reprimiendo con fuerzas de choque, con armas letales. Desde entonces restaurando un estado de terror y de persecución judicial», afirmó Paulo Abrão, experto en derechos humanos y ex-Secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hizo un llamado a la comunidad internacional a reaccionar a esta realidad y aseguró que algunas acciones se pueden, se deben adoptar para recuperar el papel de las organizaciones internacionales y mencionó la Carta Democrática.
Julio Martínez, vocero de Urnas Abiertas, remarcó que la detención de precandidatos políticos se debe a la intención de inhabilitarlos para que participen en las próximas elecciones.
«Estas personas no han sido acusadas formalmente y estas nuevas leyes les permiten detenerlos por noventa días y de facto impedir su participación en las elecciones», manifestó Martínez.
Por su parte Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Cenidh, indicó que el propósito del régimen de Daniel Ortega ha sido perpetuarse en el poder. «Si hay que ponerle un nombre a la estrategia vamos con todo, yo le pondría exterminio».
Núñez hizo un recuento de las acciones del gobierno para reprimir las protestas, los presos políticos, entre ellos los precandidatos presidenciales. «Está tocando lo más sensible lo más reconocido su juventud, sus estudiantes», dijo, al referirse a la detención reciente de dos líderes estudiantiles.
El control Ortega Murillo
Enrique Sáenz, analista político y economista nicaragüense, abordó el régimen político y los antecedentes electorales.
«El régimen ha instalado un capitalismo de rapiña, probablemente en Nicaragua sea uno de los países donde la corrupción tiene estatus legal», indicó Saenz.
En los antecedentes electorales se refirió a la reforma a la constitución y creación de una serie de leyes, así como a las destitución de los diputados opositores y a la designación de Rosario Murillo, esposa de Ortega, como vicepresidenta.
Haydee Castillo, defensora de derechos humanos, agregó que el inicio de la construcción de la dictadura fue la repartición de puestos entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.
Hizo un recuento de las últimas leyes aprobadas por el gobierno, como la de ciberdelitos, la de defensa de la soberanía, la aprobación de cadena perpetua y la aprobación de reformas que permiten detener a una persona por 90 días mientras es investigada. «La toma de decisiones prácticamente está en manos de un régimen dictatorial», afirmó.
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Las organizaciones de derechos humanos abordan este tema a tres años de la denuncia de una de las peores crisis sociopolíticas de la región, marcada por la represión de las protestas en 2018, las persistentes, generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones, persecución y ataques contra personas defensoras de derechos humanos y medios de comunicación independientes.
El 7 de noviembre de 2021, Nicaragua celebrará sus elecciones presidenciales y legislativas. La realización de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles es un pilar central para todas las democracias, «lo que es aún más cierto en el caso de Nicaragua, donde también son un paso esencial hacia una solución pacífica y democrática a la actual crisis de derechos humanos», como se destaca en los informes de la Alta Comisionada y en la resolución 46/2 del CDH.
