El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó el martes 15 de junio una Resolución sobre Nicaragua con 26 votos a favor sobre 34. Esta mayoría no se había alcanzado desde que la OEA se comenzó a interesar en la grave crisis social y política de Nicaragua, después del estallido de abril de 2018.
Ante todo, el Consejo Permanente lamenta en su Resolución que el régimen de Nicaragua no hiciera las reformas electorales democráticas recomendadas por la Asamblea General en octubre del año pasado. Pero a continuación condena el desborde represivo del régimen de Daniel Ortega en las últimas semanas y días y pide “la inmediata liberación” de todos los presos políticos, en particular de los precandidatos presidenciales.
Al parecer, el Consejo Permanente de la OEA estima que Ortega aún tiene tiempo para rectificar el mal rumbo que lleva y realizar elecciones legítimas en noviembre próximo. De allí que en el punto tercero de la Resolución insta “enérgicamente al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora, implemente medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de observadores electorales de la OEA y de otros países”. Y en el punto cuarto, y último, la Resolución del Consejo Permanente dice que se seguirá monitoreando el proceso electoral en Nicaragua para en su oportunidad presentar un informe a la Asamblea General.
Si la mayoría de la OEA creyera que el proceso electoral de Nicaragua ya está perdido, no instaría a Ortega a hacer las reformas legales que garanticen elecciones libres y legítimas con observación electoral internacional.
Pero el mensaje de la OEA va también para la oposición de Nicaragua, representada por el partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Ciudadana que es la única plataforma electoral opositora que se pudo inscribir para participar en los comicios de noviembre. La OEA le está diciendo a la oposición que no debe renunciar a la participación electoral, mientras no se cancele definitivamente la posibilidad de que estas elecciones pudieran ser útiles para abrir el camino a la solución pacífica y democrática de la crisis sociopolítica nacional.
El representante del régimen de Ortega en la sesión del Consejo Permanente de la OEA tuvo una actitud completamente negativa, cerrada a cualquier posibilidad de entendimiento político. Y la respuesta posterior del régimen, agresiva y desafiante a la OEA, fue meter en la cárcel a un prominente líder empresarial del sector financiero, el presidente ejecutivo del Banpro Luis Rivas Anduray.
Pero es evidente que la comunidad democrática internacional y la OEA en particular, no se desaniman por esas actitudes cerradas del régimen de Ortega. La diplomacia del “poder suave”, que es la que se practica ahora en las relaciones internacionales en sustitución del anacrónico uso de la fuerza, consiste en dar pequeños pasos que aunque no sean vistosos y no parezcan dar resultado, son pasos adelante y lo peor es no hacer nada.
Incluso cuando se aplican sanciones, se hace gradualmente y más como medio de persuasión que de castigo, con el interés de que los líderes del régimen sancionado reflexionen y rectifiquen, que se atengan a las normas básicas de la gobernabilidad democrática y respeten los derechos humanos de sus propios ciudadanos.
