Danis Antonio Mendoza García, de 27 años, excuñado de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, un líder criminal en el vecino país Costa Rica, admitió ante un juez capitalino ser autor de los delitos de lavado de dinero, tenencia y uso de armas restringidas, y portación de armas de fuego en perjuicio del Estado de Nicaragua.
El sujeto fue capturado el pasado 23 de marzo, en el empalme del kilómetro 116 del municipio de Comalapa, departamento de Chontales, en un retén policial tras un tiroteo.
De acuerdo con la información de las autoridades, el hombre conducía una camioneta BMW y llevaba caletas ocultas en el piso de los asientos, depósito de llantas de repuesto y ambos costados de la cajuela.
Al momento de la inspección, los oficiales encontraron 73 paquetes rectangulares que contenían 2,148,200 dólares, un fusil AK-47 con serie borrada, un cargador con 11 unidades de munición calibre 7.62, ocho casquillos percutidos de escopeta calibre 12 y dos casquillos percutidos calibre 9 mm.
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El sujeto viajaba en la camioneta placas CT 15349, cuando oficiales que estaban en el retén le realizaron señal de alto, las que desatendió y se dio a la fuga. Además, personas desconocidas que viajaban en el asiento del pasajero realizaron disparos con arma de fuego contra los policías. En el operativo solo fue detenido el nicaragüense Mendoza García. Nunca se supo quién viajaba con él.
Allanaron su vivienda
En la vivienda de Danis Mendoza, ubicada en barrio Gaspar García Laviana del municipio de Mateare, departamento de Managua, las autoridades ocuparon una camioneta marca Toyota Hilux, placas M 241461, un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, más de 5 mil dólares, 10,660 córdobas y una computadora.
El juez Abelardo Alvir, del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia, admitió la declaración de culpabilidad del nica en abril, y hasta la fecha no le ha leído la sentencia.
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En el debate de pena, el Ministerio Público pidió por el delito de lavado de dinero 11 años de prisión y 3 veces el pago de los activos lavados; por el delito de portación de armas seis meses de prisión y cincuenta días multa, y por el delito de fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, la pena de 5 años de prisión y doscientos días multa. También solicitó el decomiso de la cantidad de dinero incautada y los vehículos.
De acuerdo con medios ticos, Mendoza García se casó en octubre de 2017 con la hermana del Diablo, pero se divorció en marzo de 2019. En Costa Rica, Mendoza es conocido con el alias de Bato. El diario La Teja informó que el nica fue detenido en 2014 en Sarapiquí por tentativa de homicidio, en el 2017 por receptación (tener un objeto robado) y en el 2018 por portación ilegal de armas. También detallaron que Bato funciona como guardaespaldas del Diablo.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca al Diablo, ya que es sospechoso de narcotráfico y homicidios en Costa Rica.
Podría estar en Nicaragua
Alejandro Arias Monge es señalado de haber ofrecido dinero por cada policía o agente del OIJ asesinado en Costa Rica.
En un reporte del diario La Teja, se informa que Arias era muy activo en las redes sociales, pero que lleva rato sin usarlas, por lo que una de las versiones que maneja el OIJ es que estaría muerto.
Walter Espinoza, director del OIJ, también dijo a ese medio que otra de las versiones es que podría estar en Nicaragua o Panamá.
“Algunos de estos aportes (a línea confidencial) señalan que esta persona se encuentra fuera de nuestras fronteras y lo ubican en Panamá y Nicaragua. Otros dicen que se mantiene en nuestro territorio y con bajo perfil (no dando señales de vida). Otras dicen que falleció, este evento habría acontecido fuera de nuestras fronteras. Todas son informaciones no verificadas, de carácter anónimo y confidencial”, explicó Espinoza.
El OIJ tampoco descarta que el Diablo haya estado en el tiroteo que hubo cuando fue detenido Danis Mendoza García. “En apariencia, un hombre que iba con Mendoza logró fugarse, pero iba herido. Esta versión nunca fue confirmada”, añade el periódico tico.
Alejandro Arias Monge habría ofrecido 2.5 millones de colones (4 mil dólares) por cada policía del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) asesinado y 5 millones de colones (8 mil dólares) por cada agente del OIJ.