El régimen de Daniel Ortega, una semana después de haber secuestrado a dos exfuncionarios de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes, ordenó el arresto domiciliar de la exdirectora y precandidata presidencial Cristiana Chamorro y solo días después emprendió una redada contra otros aspirantes presidenciales y opositores: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Violeta Granera y José Pallais Arana.
Los familiares de los detenidos consultados por LA PRENSA coinciden en denunciar que sus parientes están “desaparecidos” desde el momento de su secuestro, debido a que ni ellos ni sus abogados han logrado verlos y desconocen sus paraderos. No obstante, refieren que por algunos días las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como El Chipote, en Managua, les recibieron alimentos pero se negaron a brindar información de ellos y que ahora la situación ha cambiado porque les han negado el ingreso de alimentos y solo les aceptan agua. No hay ningún certeza de que se encuentren ahí.
Juan Sebastián y Félix, cuatro días desaparecidos
Ana María Chamorro, hermana de Juan Sebastián, dijo a LA PRENSA que el precandidato presidencial cumple este sábado cuatro días de estar desaparecido debido a que “no sabemos absolutamente nada de él, ya son cuatro días, nadie lo ha visto, ni el abogado, no nos permiten saber nada él, entonces para nosotros él está desaparecido en El Chipote hoy no aceptaron ni desayuno, ni almuerzo, solo agua”.
Chamorro detalla que, como familiares, después de la detención de Juan Sebastián se dirigieron los días siguientes a dejarle alimentos que fueron en su momento recibidos pero que ahora ya no, sin dar ninguna explicación. “Solo dicen que tienen suficiente, pero eso es mentira lo que se le ha mandado no se puede guardar porque no hay dónde”, aseveró.
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Sobre la situación de Victoria Cárdenas, esposa del precandidato, y quien también fue detenida la misma noche, Chamorro dijo que “ella se encuentra bien, no está bajo arresto ni tiene policías en su casa, varias veces ha ido a dejarle comida a Juan Sebastián con su hija”.
¡4 días sin saber de Félix Maradiaga!
Informamos que desde su secuestro el pasado 8 de junio, ni familiares, ni abogados ni integrantes de la Unidad Nacional que han solicitado información, hemos tenido acceso a verlo.
Que muestren su estado y sea liberado. #SOSNicaragua pic.twitter.com/qg8OsSb91F
— Unidad Nacional Azul y Blanco (@UnidadNic) June 12, 2021
LA PRENSA intentó contactar al abogado Elton Ortega, defensa tanto de Juan Sebastián como de Arturo Cruz y José Adán Aguerri, sin embargo no contestó los mensajes ni llamadas realizadas a su teléfono celular. El 9 de junio, Ortega dijo que logró ver y conversar con Cruz, quien se encuentra detenido en El Chipote.
En el caso de Félix Maradiaga, el opositor y precandidato presidencial, cumple este sábado también cuatro días de estar desaparecido, según denuncia su equipo de prensa. “Informamos que desde su secuestro ni familiares, ni abogados, ni integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco que han solicitado información, hemos tenido acceso a verlo. Que muestren su estado y sea liberado”.
El abogado Róger Reyes, quien viajaba con Maradiaga al momento que este fue detenido, aseguró que el precandidato fue golpeado por los policías que los arrestaron. Hasta ahora no se sabe en qué condición lo dejaron. “Nosotros los estamos considerando a Félix como desaparecido porque no se ha tenido ninguna información, comunicación directa y personal con él”, dijo Reyes a este Diario.
Sin información de Granera, Aguerri y Pallais
Lo más reciente que se conoce de Violeta Granera, activista política e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), es que tres días después de estar bajo “arresto domiciliar” fue sacada de su casa en un vehículo no oficial y sin saber hacia dónde se dirigía. Eso ocurrió la noche de este viernes 11 de junio.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), desde su cuenta de Twitter exigió que “el régimen debe informar inmediatamente el paradero de Violeta”, debido a que en El Chipote no recibieron el desayuno. “¿No se encuentra ahí? ¿Dónde está Violeta?”, cuestionó el organismo que demanda su libertad.
La #CIDH/#MESENI expresa preocupación sobre la situación de Violeta Granera en #Nicaragua, quien permanecía bajo “casa por cárcel” en su domicilio desde #8jun. El #11junio habría sido trasladada por la policía sin informar a sus familiares y abogados sobre su ubicación actual. 1
— CIDH – IACHR (@CIDH) June 12, 2021
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) compartió la misma demanda que el Cenidh y aseguró que Violeta cuenta con medidas cautelares desde 2019. Y por tal razón, “la CIDH urge al Estado de Nicaragua informar sobre su ubicación y el estado de salud; y le recuerda su deber de proteger la vida e integridad de personas bajo su custodia”.
Tamara Dávila, integrante del Consejo Político de la UNAB, dijo a LA PRENSA que en el caso de Pallais y Granera: “presumimos que estén en El Chipote, pero sus abogados ni sus familiares los han visto”. Y añadió que por la tarde en el caso de Granera “a sus familiares hoy les aceptaron agua”, no obstante “no hay certeza de ningún documento del régimen que confirme (su paradero)”.
Fuentes cercanas al doctor Pallais confirmaron que él se encuentra en la misma situación que los demás: “Sigue desaparecido desde que fue secuestrado de su casa por el comisionado Fidel Domínguez, no se sabe nada de él (…) según el reciente comunicado del Ministerio Público se dio una audiencia judicial en la que no se indica ante qué juez ni nada, fue escondida y sin presencia de los abogados que estaban en el Complejo Judicial pero que no se les permitió el ingreso a la sala de audiencia que se le decretó detención de 90 días, y no se tiene ninguna notificación de su estado, a la familia le preocupa mucho la salud”.
Agregaron que la familia van a El Chipote a dejar comida pero algunos días la aceptan y otros no, por lo que “realmente la familia presume que esté ahí, pero no hay información oficial. Hoy (sábado) no les aceptaron desayuno ni almuerzo, es una situación difícil porque no saben dónde está y si se está alimentado”.
Exfuncionarios cumplen 15 días de estar desaparecidos
Marcos Fletes y Walter Gómez, ambos exfuncionarios de la FVBCH fueron secuestrados desde el 28 de mayo, mediante un operativo policial por la noche en sus vivienda y capturado por civiles horas antes, respectivamente. Ambos fueron citados por la Fiscalía General de la República a “entrevistas” en calidad de “investigados” por la investigación por el supuesto delito de lavado de dinero en contra de la FVBCH.
Pablo Fletes, hermano de Marcos, señala que cumple 15 días de estar desaparecido, a ellos como parientes desde el primer día les negaron información del paradero de su familiar, situación que no ha cambiado. “Se mantiene la misma situación, sin poder verlo y sin poder entregarle alimentos sólidos como almuerzo y desayuno, porque dicen que tiene exceso de alimentos porque no quieren que se llenen de ratas y cucarachas donde está ellos por eso dicen que están limitando”.
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Por su parte, María Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez, en entrevistas pasadas con este Diario manifestó que la negativa por parte de las autoridades de El Chipote persiste, no dejan verlo. “No me dejaron verlo y eso que ya tengo un escrito del juez, no me permitieron verlo hoy a la hora de la visita. Ayer solo lo miró la abogada, pero a mí que me tocaba hoy el día de la visita no me dejaron, que nosotros nos teníamos que someter a los horarios de El Chipote, y al final me dijeron que como la abogada ya entró a verlo ahora me toca hasta la otra semana”, manifestó.
Fletes y Gómez son excontador y exadministrador, respectivamente, de la FVBCH. Ellos se convirtieron en los primeros perseguidos políticos por el régimen orteguista en recibir el periodo máximo de detención de 90 días, tras una reforma al Código Procesal Penal en febrero de este año, que contemplaba antes un lapso máximo de 48 horas.
Tres precandidatos y opositores investigados bajo la Ley 1055
El Ministerio Público y la Policía han confirmado que tres precandidatos presidenciales y los opositores están siendo investigados por contar con fuertes indicios de que han “atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, legislación creada y aprobada por el régimen orteguista en diciembre pasado, con el objetivo de inhibir a los opositores a participar en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, conocida como “Ley Guillotina”. Todos pasarán con 90 días de detención mientras realizan las «investigaciones».