En medio de la ola de condena internacional que ha levantado el accionar del régimen de Daniel Ortega ante la cacería de opositores, la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings reafirmó la nota soberana en B- para Nicaragua, no obstante cambió la perspectiva de negativa a estable, luego que la economía presentara los primeros signos de recuperación como consecuencia de la obtención de recursos externos en el contexto de la pandemia y los huracanes de 2020.
La notable incertidumbre que se vive en el país no ha permitido que la agencia cambie la calificación de B-, debido a los riesgos que aún se observan en materia de estabilidad política, restricciones de financiamiento público y las sanciones al régimen de Daniel Ortega.
“La estabilización de las perspectivas refleja una resistencia fiscal mayor de la esperada, los primeros signos de recuperación económica de un período prolongado de contracción económica y los desembolsos multilaterales relacionados con la pandemia que han aliviado las restricciones de financiamiento a corto plazo”, explica la agencia calificadora.
Fitch señala que las calificaciones de Nicaragua están limitadas por un puntaje promedio más bajo de los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial en las Américas, debido al raquítico ingreso per cápita, los riesgos de estabilidad política y las sanciones internacionales que limitan el financiamiento externo futuro.
Deterioro de relaciones
Asimismo deja muy claro que el accionar de Daniel Ortega está generando un mayor deterioro de las relaciones que tiene el país con su principal socio comercial: Estados Unidos.
“Los eventos previos a las elecciones presidenciales de noviembre podrían deteriorar aún más las relaciones con Estados Unidos y la UE, aumentando potencialmente los riesgos de ampliación o endurecimiento de las sanciones. Entre el 3 y el 8 de junio, el gobierno arrestó a cuatro aspirantes a la presidencia por varios cargos, entre ellos lavado de dinero y conspiración contra la soberanía e independencia de Nicaragua. El 9 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó cuatro nombres a la lista de personas sancionadas, lo que elevó el número total a 30, incluidos el vicepresidente, el ministro de Finanzas, el director del banco central y cuatro de los hijos de Daniel Ortega. En octubre de 2020, el Consejo Europeo renovó por un año las sanciones contra seis miembros del gobierno”, señala la agencia.
La agencia, en su proyección anual, considera que Ortega, quien retomó el poder en el 2007, se postulará este año por cuarto mandato consecutivo.
Además indica que en cuanto a los factores de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, conocidos por sus siglas ASG (ESG en inglés), Nicaragua tiene un puntaje de riesgo tanto para la estabilidad política y los derechos como para el estado de derecho, la calidad institucional y regulatoria y el control de la corrupción.
“Estos puntajes reflejan el alto peso que los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial tienen en nuestro Modelo de Calificación Soberana patentado. Nicaragua tiene un porcentaje bajo del 16.9 por ciento, lo que refleja episodios de violencia política, derechos de participación política débiles y aplicación desigual de la ley”, indica.
Fitch proyecta que el PIB crecerá 3.8 por ciento
Fitch proyecta que la economía nicaragüense crecerá este año un 3.8 por ciento, respaldada por mayores exportaciones y expansión fiscal. No obstante considera que las proyecciones de crecimiento para 2022 y 2023 están limitadas por la contracción del crédito, la incertidumbre política derivada de las próximas elecciones y la consolidación fiscal esperada después de las elecciones.
“Se espera que el déficit del gobierno general se amplíe al 3.2 por ciento del PIB en 2021 y se reduzca al 2.7 por ciento para 2022. El déficit más amplio en 2021 está impulsado por un aumento en el gasto del 16 por ciento a nivel del gobierno central, el mayor aumento desde 2015. Se espera que los gastos de capital aumenten entre un 36 por ciento. Fitch espera que en 2021 los ingresos crezcan un 10 por ciento, una tasa no vista desde 2017” indica el informe.
En el caso del financiamiento interno, la agencia explica que el endeudamiento interno sigue desempeñando un papel menor en el financiamiento, y que el gobierno obtiene préstamos locales a tasas de interés elevadas y de muy corto plazo.
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“El costo del servicio de la deuda aumentó al 3.8 por ciento del PIB en 2020 desde el 3 por ciento en 2017. La alta liquidez y la moderada demanda de crédito corporativo han respaldado la demanda de bonos del gobierno. En 2020, el gobierno central vendió un récord de 195 millones de dólares (1.5 por ciento del PIB) en bonos locales. De estos bonos, el 56 por ciento fueron pagaderos en dólares con un rendimiento promedio ponderado del 10.6 por ciento y un vencimiento de 3.3 años; el resto en bonos pagaderos en córdobas con un rendimiento promedio ponderado del 9.9 por ciento y vencimiento a 4 años. Entre enero y mayo de 2021, el gobierno vendió 170 millones de dólares en bonos locales”, expresa.
