Desde la noche del viernes 28 de mayo, los familiares de Walter Gómez, exadministrador de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), no saben casi nada de él. Lo mismo ocurre con Marco Fletes, también colaborador de la ya desaparecida organización no gubernamental, cuyos estados financieros fueron desempolvados por la dictadura casi cinco meses después de su cierre, para emprender una férrea cacería contra Cristiana Chamorro, que aspira a la Presidencia de la República y enfrentarse en la contienda electoral contra Daniel Ortega.
En medio de esa cacería, el régimen de Daniel Ortega ha violentado todos los mecanismos legales que pueden ser usados para protegerse de su embestida, lo que a criterio de María Asunción Moreno, una de las juristas más respetadas en Nicaragua, tiene un mensaje claro: “No hay ninguna herramienta legal” que puedan usar los nicaragüenses para protegerse de la dictadura.
Le puede interesar: Cierran puertas del Chipote y no dan información sobre extrabajadores de la FVBCH secuestrados por el régimen
En esta entrevista, la académica y jurista hace una valoración sobre el proceso que enfrentan Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marco Fletes. La miembro de la Alianza Cívica también señala las irregularidades y arbitrariedades que se han cometido desde el inicio del proceso y da un único consejo a los nicaragüenses por si un familiar es víctima de este tipo de procesos.
Según el equipo de abogados que defienden a Gómez y Fletes, en las próximas horas estarán informando de los siguientes pasos que se darán en este caso, según conoció LA PRENSA.
¿Qué opina sobre el proceso que se ha iniciado contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro?
Todo indica que se trata de un caso de persecución política, en el que las reglas las pone la dictadura utilizando las instituciones del sistema de justicia, las que están bajo total control del régimen. La mayor “evidencia” de que esto es así, la encontramos en la nota de prensa publicada por la secretaria de comunicación y ciudadanía, donde se “informa” sobre lo ordenado y ejecutado en la audiencia especial realizada ante la juez Gloria Saavedra, en la que se violaron garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa al aplicar la última reforma al Código Procesal Penal (CPP), la cual es inconstitucional.
Lea también: Las mujeres que destacan por su liderazgo en Nicaragua
¿Qué arbitrariedades se han llevado a cabo en la detención de estas dos personas?
Las arbitrariedades se han dado desde el inicio, al abrirse una investigación penal contra Cristiana Chamorro, Walter y Marco, sin que se haya garantizado el derecho a la defensa en el proceso administrativo en el Ministerio de Gobernación (Migob). De tal forma, que toda la actuación de la Fiscalía y la Policía es arbitraria, incluida la detención ilegal de los señores Gómez y Fletes.
¿Tiene alguna base legal este tipo de detenciones en horas de la noche y sin orden de captura?
No hay ninguna base legal, todo lo contrario, las personas detenidas han sido víctimas de graves violaciones a las garantías constitucionales establecidas en el artículo 33, numerales 1, 2 y 4 de la Constitución, el cual establece que nadie “puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley con arreglo a un procedimiento legal”.
Pero este tipo de detenciones han sido muy comunes, sobre todo desde abril de 2018 a la fecha…
Las detenciones solo pueden efectuarse en virtud de mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades expresamente facultadas por la ley, salvo el caso de flagrante delito. Además, todo detenido tiene derecho a ser informado, sin demora, sobre las causas de su detención y de la acusación y también a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
¿Qué opina sobre las citatorias en contra de periodistas para ser interrogados?
Es parte de la estrategia con la que se pretende callar la verdad a través de la intimidación y amenazas al periodismo. La dictadura no quiere medios independientes dando cobertura a las elecciones, están dispuestos a todo por permanecer en el poder, porque saben que la mayoría de los nicaragüenses votará en contra de Ortega.
Lea además: María Asunción Moreno | “No me gustarías ser juez y tener que juzgar a un amigos”
Tanto Gómez como Fletes pasarán 90 días detenidos, según informó el Poder Judicial. Es la primera vez que se aplica este plazo tan largo. ¿Cómo perjudica a la población en general y a la oposición?
Efectivamente, es la primera vez que se realiza este tipo audiencia especial de tutela de garantías constitucionales, incorporada en febrero de este año a través de una reforma a los artículos 253 y 254 del Código Procesal Penal (CPP), en la que se permite “detener para investigar”, lo cual es inconstitucional ya que es violatoria de las garantías del debido proceso reconocidas en el artículo 34 de la Constitución. Esta reforma al CPP es parte del bloque de leyes represivas e inconstitucionales que el régimen ha aprobado recientemente para perseguir y criminalizar a sus opositores.
Si Cristiana Chamorro es imputada en este proceso, ¿por qué detienen a exfuncionarios que tendrían supuestamente menor grado de participación en los delitos que se señalan?
Dentro del contexto en el que estamos, ante un caso de persecución política, debemos tener claro que hasta el momento no existen imputados ni acusados, sino “personas sometidas a actos de investigación” por el delito de lavado de dinero como consecuencia de la “denuncia” presentada por el Migob ante la Fiscalía, sin haberse garantizado el derecho a la defensa.
Las autoridades no dan información sobre los extrabajadores de la fundación, tampoco han aceptado los recursos de exhibición presentados. ¿Cuáles serían los siguientes pasos de los abogados defensores?
Ante las detenciones ilegales, lo que cabe es el recurso de exhibición personal; sin embargo, dado que se trata de un caso de persecución política, no existe ninguna garantía para los detenidos. Todo lo actuado obedece a la voluntad del dictador.
Lea además: Cristiana: «Secuestros a dos exfuncionarios de la Fundación es venganza de Ortega»
¿Qué recomendaría a los ciudadanos realizar en este tipo de casos, en los que sus familiares son detenidos sin dar mayor información?
Acudir a los organismos defensores de los derechos humanos.
¿Qué herramientas legales quedan para enfrentarse a este tipo de procesos?
No queda ninguna, las dictaduras no respetan ni obedecen las leyes; todo lo contrario, transgreden los derechos humanos de las personas.