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Asedio policial
El acoso permanente de la policía empieza por impedir la libre movilización de los candidatos y dirigentes de la oposición que han sufrido casa por cárcel en reiteradas ocasiones. Las denuncias publicadas en medios independientes al régimen y redes sociales señalan que el asedio policial a las reuniones de opositores ha sido constante y obstaculiza la organización de las bases para llegar a tiempo a las elecciones de noviembre próximo.
Combo de leyes
El orteguismo hilvanó sus planes con la aprobación de tres leyes represivas. La primera, aprobada el 15 de octubre del 2020, fue la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (ley Putin). Un agente extranjero no puede ser candidato en las próximas elecciones de noviembre ni puede ocupar cargos públicos. Doce días después la Asamblea Nacional (AN) aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos (ley mordaza). Con ella el gobierno puede criminalizar la libertad de expresión bajo el argumento de “propagación de noticias falsas y mensajes de odio”. Por último, en una sesión extraordinaria ya iniciado el periodo de vacaciones de fin de año de los diputados, la AN aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (ley de inhibiciones), que prohíbe optar a cargos de elección popular a los nicaragüenses que “alteren el orden constitucional, inciten la injerencia extranjera y fomenten actos terroristas”.
Además: Orteguistas aprueban cadena perpetua y concretan «combo» de leyes represivas.
Reforma electoral
El 4 mayo de este año, la aprobación a la Ley de Reforma y Adición a la Ley 331, Ley Electoral, puso una lápida sobre el proceso electoral en desarrollo. Dichas reformas validan la aplicación en el proceso electoral del combo de leyes represivas. Al mismo tiempo anulan la observación electoral, inhibe a candidatos que aplaudan las sanciones internacionales contra el régimen y limita la financiación electoral, violentando una vez más la constitución. A excepción de los partidos zancudos, la oposición queda inhibida de participar con estas reformas.
Magistrados del CSE
Un día después de publicadas las reformas, el 6 de mayo, la AN juramentó a los diez magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), siete propietarios y tres suplentes, todos afines al sandinismo, que conducirán el proceso en el que se elegirán a presidente y vicepresidente de la república, 90 diputados a la AN y 20 diputados al Parlacen. El mismo día ese consejo tomó posesión de su cargo y aprobó el calendario electoral que le dejaba cinco días de margen a la oposición para inscribir alianzas.
División opositora
Según el artículo 80 de la Ley Electoral para inscribir una alianza debe haber un solo partido bajo el cual deben ir todos los demás. La oposición estaba agrupada alrededor de dos partidos: el Partido de Restauración Democrática (PRD), del lado de la Coalición Nacional y Ciudadanos por la Libertad (CxL), junto a la Alianza Ciudadana. Las diferencias entre los miembros de estas dos alianzas impidieron que la oposición se inscribiera unida. Así que la cereza del pastel vino cuando el CSE le canceló la personería jurídica al PRD. Con esa acción los candidatos de la Coalición Nacional quedaron sin casilla.
Abstencionismo
Sumando todas las zancadillas que le ha puesto el régimen a la oposición para organizarse, inscribirse y concursar en igualdad de condiciones, el resultado es un gran nivel de desconfianza entre la población para asistir a las urnas en noviembre. Según los análisis políticos de diversas personalidades publicadas en medios independientes, “el abstencionismo es la carta ganadora del FSLN”. Con una sola casilla para correr unidos como oposición, el reto de llevar a un candidato único quedó en manos de CxL. A menos que el régimen tenga previsto hacer algo más.