Las organizaciones Fundación del Río y Popol Na denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al régimen de Daniel Ortega por la cancelación de sus personerías jurídicas el pasado diciembre de 2018.
Amaru Ruíz, director de Fundación del Río, junto al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, resaltó durante la conferencia de prensa virtual que la presentación del caso significa un paso trascendental en la lucha de los Derechos Humanos. Señaló que el gobierno Ortega-Murillo trató de silenciar su labor por mantener una posición firme ante la destrucción ambiental y del lago Cocibolca que vendría con el proyecto del Canal Interoceánico, avalado por el Gobierno y el sector privado.
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Ruíz agregó que él y su equipo sufrieron amenazas por denunciar la destrucción de la Reserva Indio Maíz en abril de 2018, y se les inculpó de actos que no habían cometido sin posibilidad de defenderse. Además, mencionó que no detendrán su labor de defensa de los derechos ambientales, a pesar de no tener personería jurídica.
Intentos de desaparecer sociedad civil
Por su parte, Mónica López Baltodano, directora de Popol Na, resaltó que esta denuncia internacional ante la CIDH, en el contexto de sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense, es de suma importancia porque ha logrado recabar y demostrar los intentos del gobierno Ortega-Murillo por desaparecer a la sociedad civil y sus derechos.
López añadió que en esta denuncia se refleja como el Gobierno ha arrebatado gradualmente los derechos ciudadanos, y la constante represión de organismos autónomos de la sociedad civil para abandonar sus funciones.
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En diciembre de 2018, Fundación del Río y Popol Na fueron despojadas de su personería jurídica junto con otras siete organizaciones defensoras de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Ipade y el Instituto de Liderazgo en Las Segovias, que fueron señaladas de promover campañas y financiar grupos que desestabilizaron el país en el inicio de la crisis sociopolítica.
En 2020 a ambos organismos les fueron confiscadas sus propiedades de manera arbitraria. Los directivos de estas dos organizaciones decidieron exiliarse tras las amenazas de encarcelamiento en su contra, sin embargo López Baltodano regresó al país el pasado 2020.
