El Diálogo Nacional se inauguró el viernes 14 de mayo del 2018. Fue organizado por los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), atendiendo invitación que les hizo el propio Ortega quien, además, les pidió que actuaran como mediadores y garantes de los acuerdos. La CEN aceptó actuar como mediadora y testigo, pero no como garante. La CEN estableció, como agenda del Diálogo, la Justicia y la Democracia.
Para actuar como contraparte de la delegación del régimen, los obispos invitaron a representantes de varios sectores: estudiantil, empresarial, académico, laboral, de la sociedad civil, del Movimiento Campesino y de las comunidades afrodescendientes. El propósito era dialogar a fin de encontrar una solución cívica y pacífica a la crisis nacional que, ya para entonces, contabilizaba más de sesenta personas asesinadas, en su mayoría jóvenes y estudiantes universitarios.
Los invitados al Diálogo del sector democrático, en reunión previa, decidimos constituir una Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para actuar de manera unificada y aceptar, como temas del Diálogo, los propuestos por la CEN, dejando para más adelante los temas sectoriales, como los referentes a la reforma del Seguro Social y la recuperación de la autonomía universitaria.
Las críticas a lo acontecido en la sesión inaugural del Diálogo deberían tomar en cuenta que, en ese momento, los estudiantes habían sido testigos del asesinato de decenas de sus compañeros. Eso explica el estado emocional que se apoderó de ellos cuando se vieron confrontados con la pareja presidencial. Sin embargo, en esa sesión se logró que Ortega expresara, ante el cuerpo diplomático y la prensa nacional e internacional, “que la orden de cesar la represión ya estaba dada”, lo que resultó ser falso. Ante la pregunta de Ortega de quiénes eran los muertos por los que se pedía justicia, una joven le leyó la lista completa de los asesinados hasta ese momento.
Un logro importante fue que el Diálogo Nacional aprobara, por unanimidad y por iniciativa de la Alianza Cívica, hacer suyas las 15 Recomendaciones del Informe Preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que presentó ante el Diálogo el resultado de su primera visita. Curiosamente, la delegación del gobierno votó a favor de la propuesta de la Alianza. Así las 15 Recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad.
Entre las Recomendaciones de la CIDH cabe mencionar, por su importancia, las que se referían al cese inmediato de la represión y de la detención arbitraria de quienes participaban en las protestas; respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta; a la libertad de expresión; a la reunión pacífica y a la participación política de la población; crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables; y comprometerse a crear un mecanismo de seguimiento, junto a la CIDH, para verificar el cumplimiento de las recomendaciones.
Esto dio lugar a que, posteriormente, la Alianza Cívica lograra que por acuerdo del Diálogo se giraran invitaciones a la CIDH para crear y enviar a Nicaragua al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento conocido como Meseni. Se incluyó también una invitación al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todos estos organismos llegaron al país, como consecuencia del Diálogo, y sus informes han sido de gran importancia en la defensa de los derechos humanos. El Informe del Alto Comisionado y del GIEI echaron por tierra la leyenda inventada por el régimen de la existencia de “una conspiración para un golpe de Estado”. Esta narrativa la ha venido utilizando el régimen en los foros internacionales para justificar la criminal represión. Los informes también constataron que durante la represión se cometieron crímenes de lesa humanidad.
El Diálogo Nacional se suspendió cuando Ortega, sin ningún fundamento, acusó en plaza pública el 19 de julio de 2018, de “terroristas y golpistas” a los propios obispos de la Conferencia Episcopal. El documento que los obispos entregaron a Ortega no era más que un breve resumen de las propuestas presentadas por los sectores democráticos en el Diálogo Nacional, en respuesta a la demanda de cambio de las grandes marchas ciudadanas.
El autor es jurista y catedrático.
