Un día como hoy, pero de 2018, las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continuaban. Estudiantes de la Universidad Católica salieron a protestar en Carretera a Masaya con banderas azul y blanco por las injusticias cometidas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas.
Mientras los jóvenes denunciaban los abusos del régimen, los empresarios organizaban otra gran marcha para realizarla al día siguiente; no obstante, exigían a la Policía que les brindara seguridad para los participantes. Lejos de brindar protección a los autoconvocados los oficiales golpearon y amenazaron a Nemesio Mejía y Pablo Morales, líderes del Movimiento Campesino Anticanal.
En otro acto de intolerancia, el régimen de inmediato mandó a convocar una contramarcha, provocando más violencia entre los nicaragüenses. Además, sus fanáticos destruyeron con alquitrán y vidrios el homenaje colocado en la rotonda Jean Paul Genie, con fotografías de las personas que perdieron la vida al protestar contra la dictadura orteguista.
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Investigaciones dudosas
Ese día la Fiscalía del régimen acusó formalmente a los supuestos asesinos del periodista Ángel Gahona y les dictaron prisión preventiva en los juzgados de Managua. Presentaron a dos jóvenes costeños, de 18 y 20 años de edad, quienes fueron acusados por el hecho. Supuestamente estos habrían disparado con un arma de fuego artesanal el 21 de abril.
Las madres de víctimas de Estelí rechazaron la participación de la Policía en las investigaciones relacionadas con los asesinatos de sus hijos durante las protestas contra el régimen, porque consideraron que la culpa la tenía la represión ordenada por el régimen. Demandaron a la Fiscalía que los hechos fuesen tipificados como asesinatos.
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Las críticas de la comunidad internacional no paraban. Estados Unidos, a través de su embajadora ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), aseguró que el gobierno de Ortega es visto como una dictadura. “Durante mucho tiempo, el gobierno de Ortega se ha visto menos como una democracia y más como una dictadura”, afirmó en ese momento Nikki Haley, embajadora de EE. UU. ante la ONU.
Por otro lado, el Centro Carter exhortó al régimen a que permitiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigar los crímenes. Jennie Lincoln, directora para América Latina del Centro Carter, se reunió con distintos sectores políticos, sociales, empresariales y también con el Gobierno, lo que le permitió conocer sobre los últimos acontecimientos.
