Daniel Ortega ha impuesto sus reformas antidemocráticas a la Ley Electoral y también ha integrado un Consejo Supremo Electoral (CSE) que es igual o inclusive peor que el anterior.
De esta manera el dictador de Nicaragua ha dejado claro que las elecciones de noviembre no serán legítimas, verificadas internacionalmente, sino una nueva farsa electoral para seguir detentando el poder por la fuerza, cinco años más.
Ortega ha ignorado las recomendaciones de la OEA para que las elecciones sean libres, justas y limpias, lo mismo que le han demandado la Unión Europea y los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y otros Estados democráticos de la comunidad internacional.
Se dice que ante esta situación las elecciones de noviembre no serían reconocidas como válidas por la OEA y otros países del mundo democrático. Y que, por lo tanto el siguiente período presidencial de Daniel Ortega no tendría legitimidad. Consideran que así lo tendría que declarar la OEA, por el incumplimiento de la Resolución de la Asamblea General de octubre de 2020, que puso como plazo el mes de mayo del presente año para que en Nicaragua se hicieran reformas electorales que garanticen la celebración de elecciones auténticas, de acuerdo con los estándares democráticos internacionales.
Pero la Resolución de la OEA del año pasado no dijo que si Ortega no hacía las reformas electorales democráticas, declararía inválidas a las elecciones de noviembre y que el gobierno que resulte de ellas sería ilegítimo. Y no parece que haya en la OEA una mayoría sólida para aprobar semejante resolución, que de aprobarse podría conducir al reconocimiento de un gobierno provisional en el exilio, dado que no es posible formarlo dentro del país.
Además, ¿acaso le importa a Ortega que su régimen sea declarado ilegítimo y que Nicaragua sea suspendida de su participación en la OEA? Pues no lo parece.
Algunos juristas aseguran que los tiranos “buscan a toda costa un reconocimiento de los ciudadanos y la comunidad internacional, mientras desarrollan un gobierno despótico donde prevalece la violencia y un irrespeto total de las leyes”. Por ejemplo, así lo ha escrito el eminente jurista venezolano Miguel Ángel Martín, quien en la actualidad es presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio.
Pero la verdad es que no a todos los tiranos les importa ser reconocidos como legítimos. La legitimidad es un concepto esencialmente democrático y ellos son enemigos de la democracia. La legitimidad es “la conformidad con la ley, la justicia, la razón o las reglas establecidas”, dice el maestro jurídico Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual. Y el enciclopedista político y expresidente de Ecuador, Rodrigo Borja, señala que la legitimidad “encierra todo un sistema de valores… es la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o cualquier otro acto de la autoridad pública”.
Esa credencial ética no le puede interesar a un dictador o tirano como Ortega. ¿Acaso no lo demostró en 2018, lo venía demostrando antes y lo sigue demostrando ahora?
