Ni Alberto Julián Blandón Baldizón representa al PLC, como magistrado electo del Consejo Supremo Electoral (CSE), ni Leonzo Knight Julián, al Partido Conservador. Ambos, según denuncias de miembros de esos partidos, son infiltrados del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que representarán en la entidad electoral.
¿Cómo llegaron a ser candidatos de esos partidos?
Te puede interesar: Régimen aprueba su reforma electoral y bloquea la participación de los opositores en las elecciones de noviembre
Alberto Julián Blandón Baldizón resultó electo como magistrado suplente del Consejo Superior Electoral (CSE), después de que la propia presidenta del partido, María Haydée Osuna, lo propusiera. Sin embargo, miembros de la junta directiva departamental del PLC en Matagalpa aseguran que este no pertenece a las filas de esa organización política y que tiene vínculos con el régimen Ortega Murillo.
Además, advirtieron con tiempo. El pasado 2 de mayo, los miembros de la junta directiva departamental de Matagalpa enviaron una carta a los directivos nacionales del PLC, en Managua, a quienes les expresaron su rechazo y los motivos por el cuál no avalaban la candidatura de Blandón Baldizón.
Lea además: Perfiles | Estos son los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral
«Vemos con impotencia la inclusión en las propuestas de nuestro departamento el cargo de magistrado del Consejo Superior Electoral al señor Alberto Julián Blandón Baldizón sin que en ningún momento estas autoridades hayan participado y autorizado esta propuesta», precisó el comunicado oficial de los directivos del PLC departamental.
La explicación del Partido Conservador
El Partido Conservador (PC), en un comunicado en el que rechazó las reformas hechas por el orteguismo a la Ley Electoral, se desmarcó este martes de Leonzo Knight Julián, el que a su vez se identificó con el partido gobernante, FSLN.
El PC aseguró que solicitaron a su diputada Wendy Guido retirar la postulación como candidato de ese partido a Knight Julián. «El Partido Conservador rechaza el nuevo Consejo Supremo Electoral, porque está integrado por militantes e incondicionales del régimen, que no proporcionan confianza a los nicaragüenses. Deja claro que Leonzo Knight Julián no es ni ha sido miembro del Partido Conservador y su nominación fue desautorizada oficialmente», aseguró Alfredo César Aguirre, presidente de esa organización política.
Knight Julián, un comunitario de origen Ulwa, afirmó que no tiene miedo a las especulaciones de la población, ya que él se desenvolvía en el área académica, pero ahora dio un salto inesperado a la política.
“Yo estoy ostentando este cargo por el partido de gobierno, del Frente Sandinista de Liberación Nacional… y la gente tiene su derecho de opinar, nadie puede privar ese derecho, sea malo o sea bueno… la trayectoria de las personas que se eligen se debe buscar la forma como investigarlas y entenderlas mejor”, afirmó Knight, sin ocultar su afinidad con el régimen orteguista.
Según César, la diputada Guido, por iniciativa propia y sin consultar al partido propuso a Knight Julián. Después, supuestamente, la primera secretaria de la Asamblea Nacional no lo retiró como candidato, argumentando que ya había cerrado el período para ese asunto.
Blandón Baldizón es familiar de Roberto Rivas
Según los directivos del PLC de Matagalpa, Blandón Baldizón ha permanecido en el cargo de presidente del Consejo Supremo Electoral departamental y de primer miembro desde 1995.
En la carta los protestantes afirmaron que el electo magistrado suplente del CSE tiene vínculos familiares con el antiguo presidente de la entidad, Roberto Rivas Reyes, ficha del orteguismo, que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Eso le habría permitido a Blandón Baldizón crecer en los puestos. «Y que al inicio lo hizo a través de un glorioso partido (en referencia al PLC) pero que en la línea de tiempo y bajo las nuevas circunstancias políticas ha mutado y se ha convertido en operario del FSLN», aseguraron.
«Hoy corremos el peligro que por medio de esta maniobra, con participación directa de nuestras autoridades nacionales, ahora empeore esta situación nombrándolo como magistrado del CSE sin nuestra autorización», alertaron en el comunicado los directivos y miembros del PLC de Matagalpa, quienes expresaron sentirse «burlados y utilizados».
La diputada suplente del PLC, Reyna Blanchard, confirmó a LA PRENSA que efectivamente Blandón Baldizón fue propuesto por ese partido, pero que en realidad es militante del gobierno.
«Está propuesto por el PLC, pero ese hombre es sandinista (…) Aquí, cuando se propone a alguien del departamento tiene que pasar por la junta directiva departamental. No sé cuál fue la vía que se utilizó para llevar ese currículo de ese señor a la bancada, a manos de la presidenta María Haydée Osuna, pero es de conocimiento de todos los matagalpinos que en todos los procesos electorales el señor Alberto se ha parcializado al FSLN, no es del PLC, es del otro lado», declaró la legisladora.
Osuna sabía
Por su parte, el diputado y presidente departamental de Matagalpa, Reynaldo Altamirano, dijo a LA PRENSA que evidentemente la base departamental de esa localidad elevó su reclamo ante él y confirmó la veracidad del pronunciamiento.
«Me estaban reclamando los líderes, que si yo había propuesto a ese señor (…) Si lo eligieron, fue por algo. Él ha trabajado en el Consejo departamental y más que nadie la directiva departamental conoce bien a Blandón Baldizón. Ellos tiraron el comunicado porque están seguro de quién es él», dijo.
Altamirano afirmó que habló con Osuna sobre lo demandado por la base departamental del Matagalpa. «Yo le dije que me diera explicación y ella me dijo que ya estaba en la lista y que ya no podía retroceder, lo que ya estaba hecho, me contestó ella, lo hecho ya no tiene remedio, ahora tenemos que ver, darles respuesta a las bases de ese departamento. Ella no se retracta, ella lo hizo, no hay vuelta de hoja y me dijo que está dispuesta a hablar personalmente con las bases», comentó Altamirano.
Al ser consultado sobre si lo propuesto por Osuna respondería a una alianza con el FSLN, el diputado Altamirano respondió: «Usted sabe que la cuestión de los pactos siempre ha sido un arma de doble filo. Tenemos la mala costumbre de ocupar esa arma (…) Yo considero y estoy de acuerdo con las bases que reclama que se haya usado las letras del PLC para poner a esta persona», concluyó. LA PRENSA intentó contactar a Blandón Baldizón, pero no atendió las llamadas. De la misma manera, este Diario intentó comunicarse con la presidenta del PLC, Osuna, para conocer su postura, pero no respondió las llamadas.
Lea también: Precandidatos presidenciales rechazan reforma electoral aprobada por el régimen orteguista
Knight dice que hará bien las cosas
Knight dijo a LA PRENSA que durante su período en el cargo pensará en su pueblo y hará bien las cosas: “Pienso que no vamos a estar hablando de un pueblo minoritario… he pensado trabajar bien por mi pueblo y la Costa Atlántica (…) y levantar el prestigio costeño y mi comunidad principalmente”.
Knight se desempeñó en diferentes cargos en Bluefields. Uno de los últimos fue como director del Museo Histórico Cultural de la Costa Caribe (BICU-CIDCA). Es licenciado en Sociología, con mención en Autonomía en la Universidad Uraccan. Tiene una maestría en Educación Intercultural Multilingüe y ha publicado dos libros: Historia Oral de la Comunidad de Awawak y Cultura Ulwa. «Yo como magistrado electo y también durante mis responsabilidades, yo debo hacer bien las cosas porque es un compromiso que tengo con mi pueblo. La decisión del pueblo se va a tomar en cuenta, el pueblo sabe cómo se sienten ellos, todas las decisiones que tome el pueblo yo voy a respetar y defenderlos», señaló.
Wendy Guido y Brooklyn Rivera podrían ser amonestados
El presidente del Partido Conservador, Alfredo César, dijo que ahora la diputada Wendy Guido va a ser “tramitada” a lo interno del partido, “a ver qué estatutos violó o no y las sanciones correspondientes». LA PRENSA llamó en diversas ocasiones al celular de Guido para conocer su versión, pero no contestó.
Por otro lado, el Comité Nacional de la Coalición Nacional (CN) podría amonestar a Brooklyn Rivera Bryan, miembro de esa plataforma, por incumplir los estatutos de la organización y su código de ética al votar a favor de la reelección del magistrado sandinista del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell Hooker.
«El voto del diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, a favor del candidato del orteguismo para magistrado del CSE, constituye una infracción grave a los Estatutos y Código de Ética de la Coalición Nacional, mereciendo el rechazo por parte de este bloque opositor por estimar su actitud incompatible con el compromiso de las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional de no favorecer directa o indirectamente a la dictadura», indica un comunicado emitido por la CN.
Aunque el diputado Rivera Bryan pertenece a esa plataforma de opositores al régimen Ortega Murillo, votó a favor de la reelección del magistrado sandinista Lumberto Campbell, que es una de las fichas del orteguismo.
Rivera dijo a LA PRENSA que votó por Campbell porque, apartando lo político, es su amigo, pero también explicó que lo hizo como una forma de apoyo a un funcionario que es de su comunidad, debido a que Campbell también es costeño, originario de Bluefields.
«La sociedad dominante nicaragüense nunca nos valora a la comunidad indígena y afro, quieren que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Yo estoy ahí representando a los pueblos indígenas y afros, yo tengo que defender y promover siempre los intereses de esa comunidad que me eligió, entonces yo en todo caso buscó como promover los intereses, los derechos de mi comunidad», dijo Brooklyn.
Rechazo a reformas
Los diputados, que en su mayoría son orteguista, y sus aliados en la Asamblea Nacional, aprobaron este martes, 4 de mayo, la iniciativa de reforma y adición a la Ley Electoral, por medio de la cual, el régimen limita la posibilidad de organización de los partidos políticos y organizaciones de oposición. Además, inhibe a los opositores de participar en las elecciones generales y legislativas del próximo 7 de noviembre, porque adhirió con ese fin a la ley electoral la famosa Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (Ley 1055).
Cinco de los precandidatos a la Presidencia por la oposición rechazaron rotundamente esas reformas que hizo el régimen orteguista y alertaron que a través de estas la dictadura Ortega Murillo está concretando otro fraude electoral. Asimismo, coincidieron que la respuesta debe ser el anuncio de la “unidad” de la oposición.
