La abogada Martha Patricia Molina, investigadora especializada en el control de la administración pública, en un artículo publicado en LA PRENSA el viernes 23 abril demuestra con datos oficiales que la Contraloría General de la República no cumple sus funciones y obligaciones constitucionales.
Los datos presentados por la abogada Molina prueban que la Contraloría es un ente absolutamente ineficiente, servilmente subordinado al titular del ejecutivo, carente de capacidad y de voluntad para cumplir su deber de controlar a los entes públicos.
Advierte la profesional del derecho que “cuando un país carece de un ente autónomo y profesional encargado de fiscalizar y auditar los bienes del Estado, la consecuencia directa es el incremento de los niveles de corrupción”. Y menciona que en el índice global de corrupción elaborado y divulgado por el organismo Transparencia Internacional, Nicaragua es uno de los países peor evaluados.
Por otra parte, pero en el mismo orden de cosas, el lunes 26 de abril seis ciudadanos solicitaron formalmente a la Contraloría, información oficial sobre el patrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que por fuerza de ley debe estar declarado ante ese ente estatal de control.
“Los seis ciudadanos solicitan a la Contraloría —según la información de LA PRENSA— realizar una investigación, verificación y actualización de los bienes, activos, propiedades inmuebles, cuentas bancarias, empresas naturales y jurídicas que poseen los dos funcionarios”. Esta demanda se fundamenta en los derechos establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica de la Contraloría, la Ley de Probidad de los Servidores Públicos y la Ley de Acceso a la Información Pública. Todos los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a conocer en qué consiste y cuál es el monto de la riqueza de Ortega y Murillo, los que ejercen los cargos de presidente y vicepresidente de la República y por lo tanto están obligados por ley a dar cuenta de lo que poseen y en cuánto se ha incrementado su fortuna, desde que detentan el poder.
La riqueza de Ortega y su familia es un misterio, como un secreto de Estado, a pesar de lo mucho que se habla sobre esto en los medios de comunicación independientes y las redes sociales. Al respecto el investigador y analista político Enrique Sáenz publicó el 13 de febrero de 2019 en la revista Confidencial, un artículo de opinión en el cual después de analizar informes oficiales y escudriñar el funcionamiento de algunas instituciones y empresas, concluye que el piso de la fortuna de Ortega, solo el piso, ascendía hasta ese momento a dos mil quinientos millones de dólares.
Los investigadores coinciden en que la fortuna del caudillo sandinista se multiplicó rápidamente, a partir de que retomó el poder presidencial en enero de 2007, cuando se apropió del subsidio petrolero venezolano que debió ser para la población y se cargó como deuda pública, pero sus beneficios fueron privatizados por la familia gobernante.
Los organismos internacionales califican la corrupción como un impuesto a los pobres, porque se les roba para enriquecer a los poderosos millonarios. Y es un mal global. Como la pandemia del coronavirus afecta a todo el mundo, pero sus consecuencias son peores en los países atrasados, donde no hay democracia y los dictadores corruptos desgobiernan sin límites ni controles de ninguna clase.