El proceso electoral 2021 ya está en marcha. No ha habido convocatoria oficial ni se ha dado a conocer el calendario electoral, pero tanto el régimen como la oposición hacen sus preparativos legales, institucionales y políticos.
La dictadura está aprobando sus reformas a la Ley Electoral y pronto nombrará a los miembros del Consejo Supremo Electoral. Por su lado la oposición se organiza y prepara para cuando sea necesario tomar la decisión de participar o no en las elecciones. Esto dependerá de las garantías que finalmente hayan para poder manifestarse con libertad en la vía pública y, sobre todo, para que los votos de los ciudadanos sean respetados y asignados correctamente, y para que se permita una observación internacional decente y confiable.
Sin embargo, hay que decir que este es un proceso electoral absolutamente anormal y no democrático, porque hay un estado de guerra que no es declarado oficialmente por el régimen pero se ve y se siente por el desmesurado despliegue policial represivo en las calles y el acoso a la dirigencia opositora. Además, autoridades de la Policía lo han dicho sin ambages mientras ejecutan sus acciones represivas.
Una reconocida líder de la oposición social, no partidista, Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA), denunció que el jefe de la Policía de Estelí las intimidó, a ella y su mamá, espetándoles que: “Estamos en tiempos de guerra y les puede ocurrir cualquier cosa”.
Esto ocurrió el martes 20 de abril corriente, cuando la fuerza policial impidió la celebración de un acto religioso para conmemorar el tercer aniversario de la muerte de Franco Valdivia, un artista hijo y hermano de las mujeres amenazadas asesinado en Estelí durante la masiva represión de la dictadura en 2018. Francis Valdivia declaró públicamente que en la estación policial a donde las llevaron por la fuerza, ella fue desnudada, manoseada y fotografiada. Y mientras el jefe de la Policía local les decía que el régimen está en guerra contra los ciudadanos, un oficial las amenazaba mostrando su arma de fuego asegurando: “Nosotros resolvemos todo con una bala”.
Esta no sería la primera vez que en Nicaragua hay elecciones en un estado de guerra, o de sitio y de represión generalizada. En 1856 el filibustero yanqui William Walker hizo elecciones en plena guerra civil y se impuso así como presidente. El 3 de febrero de 1957, Luis Somoza Debayle, segundo de la dinastía somocista, se eligió presidente después de la cruel campaña de represión que siguió al asesinato del general Anastasio Somoza García. Como para burlarse, el régimen somocista levantó el estado de sitio apenas 18 días antes de las votaciones. Y en noviembre de 1984, la dictadura sandinista realizó elecciones en medio de la guerra de liberación que libraba la Resistencia Nicaragüense. El régimen revolucionario no amainó sino que recrudeció la represión y la opositora Coordinadora Democrática Nicaragüense y su candidato presidencial, Arturo Cruz Porras, tuvieron que retirarse de la campaña electoral.
Ahora la guerra no es entre dos bandos armados, sino de la dictadura contra los opositores pacíficos y desarmados. En manos del mismo dictador está poner fin al estado de guerra policial contra los ciudadanos, y garantizar las condiciones para que valga la pena participar en las elecciones.
