El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, conocido como Acuerdo de Escazú, es un instrumento promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) como un compromiso de los gobiernos con el desarrollo sostenible y los derechos humanos.
Y aunque tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, en Nicaragua no hay acceso a ninguno de los derechos protegidos por dicho acuerdo.
Este acuerdo es una visión que nació durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo Sostenible en Rio de Janeiro, Brasil, en 2012 y recibe el nombre de Acuerdo de Escazú debido a que fue adoptado el cuatro de marzo del 2018 en Escazú, Costa Rica.
Este es el primer acuerdo regional ambiental, y es considerado un instrumento innovador al incluir disposiciones sobre la protección de los defensores de los derechos ambientales, por el aumento de la violencia en contra de estos.
A pesar de que Nicaragua lo firmó y ratificó, ambientalistas han expresado que no se prestan las condiciones actuales en el país para la entrada en vigencia y cumplimiento del acuerdo, por ejemplo, en el acápite uno del artículo nueve se señala que, “cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
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Sin embargo, por años el régimen de Nicaragua se ha dedicado a entorpecer el trabajo de los defensores de los derechos ambientales, quitando personería jurídica a organizaciones ambientales, amenazando, agrediendo, asediando, hostigando y hasta llevando al exilio a algunos.
“Este es un instrumento más para fortalecer la lucha que nosotros venimos haciendo desde Nicaragua, desde la protección de las áreas protegidas, sin embargo creemos que todavía no hay condiciones necesarias para continuar haciendo nuestras labores en Nicaragua, sobre todo porque el régimen ha violentado los derechos humanos tanto de sus ciudadanos como de los defensores del derecho a la tierra, de derechos ambientales y esto nos ha tenido en el exilio”, dijo Amaru Ruiz, director de Fundación del Rio, a la que el régimen quitó su personería jurídica y obligó a Ruiz a exiliarse en Costa Rica por amenazas a su integridad física.
El Acuerdo de Escazú también garantiza el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dice el artículo uno del documento
Entró en vigencia este 22 de abril
Según su artículo 22, el acuerdo entraría en vigencia, noventa días después de haber sido depositado el duodécimo instrumento de ratificación, por esta razón, al ratificar el acuerdo Argentina el 22 de enero de 2021, se anunció la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú para ayer 22 de abril de 2021.
Al momento de su entrada en vigor, 24 países habían firmado el acuerdo, Antigua y Barbuda, Argentina; Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
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Nicaragua firmó este acuerdo el 27 de septiembre de 2019 y luego introdujo el instrumento de ratificación el nueve de marzo de 2020, siendo uno de los 12 países ratificantes del mismo. Asimismo participó en el evento virtual de entrada vigencia del acuerdo este 22 de abril.
Según medios oficialistas, los participantes en el evento por el régimen fueron Denis Moncada, Ministro de Relaciones Exteriores y Martha Ruiz, Ministra Secretaria Adjunta para Políticas Nacionales, donde expresaron que Nicaragua reafirma su compromiso en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.
