Recientemente comparecieron ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos (EE. UU.), presidido por el senador demócrata Bob Menéndez, los expertos Debora Ullmer, directora regional del Programa para América Latina y el Caribe de The National Democratic Institute, y Ryan C. Berg, investigador de gobernanza del American Enterprise Institute. Organizaciones no partidistas y sin fines de lucro que realizan investigaciones sobre política, economía y bienestar social.
Los dos hicieron recomendaciones para la política de los EE. UU. hacia el gobierno nicaragüense sobre el respeto a los derechos humanos, la celebración de elecciones libres y las posibles sanciones por incumplimiento de estos temas, entre ellas reconsiderar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con los EE. UU., conocido como DR-Cafta, lo cual causaría un inmenso daño al pueblo, sobre todo a los más pobres. El DR-Cafta (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement) o Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América permite que los productos que exportamos a EE. UU. sean competitivos al estar libre de impuestos.
Más del 60 % de nuestras exportaciones tienen como destino a los EE. UU. De acuerdo con el reporte del Buró de Análisis Económico del Departamento de Comercio de ese país, correspondiente al 5 de febrero de 2020, Nicaragua exportó bajo el DR-Cafta un total de US$3,885.5 millones en 2019. Posiblemente la exportación actual ronde los US$4 mil millones. Si fuéramos sacados del DR-Cafta la economía del país sufriría una tragedia, pues quedarían irremediablemente sin empleo centenares de miles de nicaragüenses cuyo trabajo sostiene a millones de habitantes del país. Cerrarían las industrias de “zona franca” despidiendo a sus miles de empleados, los ganaderos despedirían a gran parte de sus trabajadores pues no exportarían la carne que va a EE. UU. Igual harían los finqueros que producen productos agrícolas. Si EE. UU. nos saca del DR-Cafta, es casi seguro que sus aliados de Europa actuarían de manera similar y se nos cerraría el mercado europeo y con seguridad también el de otros países.
Todos los productos destinados a nuestros grandes compradores dejarían de producirse, dejando a miles y miles de nicaragüenses sin empleo. Los grandes, medianos y pequeños productores terminarían arruinados. El comercio interno (tiendas, supermercados, mercados, pulperías, restaurantes, etc.) no tendría suficientes compradores porque millares no tendrán dinero con qué comprar y cerraría un negocio tras otro, dejando millares de desempleados más. En resumen, quedaríamos con un país tan empobrecido que solo podría compararse con Cuba y Venezuela, o con nuestra situación en los años ochenta.
No sé si los gobernantes actuales tienen suficientes recursos fuera del país para no verse afectados personalmente. Ellos ya pasaron por esto en los ochenta, cuando Nicaragua sufrió el peor desastre económico de nuestra historia, aunque a ellos no les faltaba nada. El daño a Nicaragua sería inmenso si decidieran mantenerse en el poder sin garantizar elecciones libres ni el respeto a los derechos humanos. Incluso, otras instituciones podrían verse gravemente afectadas. Deberían reflexionar: ¿valdrá la pena gobernar un país en esas condiciones? ¿Estarían dispuestos a sacrificar al pueblo (incluyendo a importantes instituciones y a sus mismos partidarios) por conservar el poder? ¿Se sentirán bien como los que dos veces causaron la ruina económica de este país? ¿No prefieren pasar a la historia de una forma diferente? ¡En sus manos está!
Por otra parte, cabe también pedir a los legisladores de EE. UU. reflexionar si conviene castigar a nuestro pueblo para ayudar a cambiar el rumbo de nuestro gobierno. Tanto en el proyecto de ley “Renacer Act” como en la ley “Magnitsky Nica”, los legisladores estadounidenses contemplaron dejar excluidos de sus sanciones “los fondos para fines humanitarios”. Sacar a Nicaragua del DR-Cafta afectaría más al pueblo que al gobierno. Quizás consideren este punto como tema humanitario. ¡Pero lo mejor es no exponer a nuestro país!
El autor es abogado y comentarista de temas políticos y religiosos.
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