El lunes 12 de abril comenzó el período de 15 días para que los diputados de la Asamblea Nacional presenten candidatos a ocupar los cargos de 7 magistrados propietarios y 3 suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE).
De acuerdo con el artículo 138 de la Constitución, esos magistrados deben ser elegidos en base a listas que presenten el titular del Ejecutivo y los diputados. La única forma de participación ciudadana en esta elección, prevista por la Constitución, es que la Asamblea Nacional los debe elegir “en consulta con las organizaciones civiles pertinentes”. Pero casi todas esas organizaciones fueron liquidadas legalmente por la dictadura durante el gran desborde represivo de abril de 2018 hasta ahora.
Es oportuno recordar que en el somocismo, según la Constitución de aquella época el poder electoral estaba integrado por cinco miembros, tres debían pertenecer al partido de mayoría —que era el somocista— y dos al partido de minoría que invariablemente era el conservador. La presidencia del Tribunal Supremo Electoral, como se llamaba ese poder del Estado, le correspondía a uno de los magistrados del partido gobernante.
En la Constitución sandinista que se promulgó en 1987, el poder electoral se llamó Consejo Supremo Electoral (CS) y fue integrado por cinco magistrados propietarios con sus respectivos suplentes. Cada uno de ellos debía ser elegido por la Asamblea Nacional, de ternas que solo el presidente Daniel Ortega tenía derecho de proponer.
El sistema de elección de los magistrados electorales fue mejorado por la reforma constitucional democrática de 1995, durante el gobierno de la UNO, que quitó al dictador Ortega la potestad exclusiva de proponerlos. Fue entonces que se estableció el número de 7 magistrados propietarios y 3 suplentes, los cuales deben ser elegidos de listas separadas presentadas por el presidente de la República y los diputados, en consulta con la sociedad civil a través de sus organizaciones pertinentes. Posteriormente, el único cambio que había hecho Ortega en el mecanismo de elección de los magistrados, es que las listas ya no son para elegirlos uno por uno, sino a todos de una sola vez, como le gusta a los dictadores hacer estas cosas institucionales de Estado. En la actualidad el FSLN tiene un dominio absoluto sobre el Consejo Electoral. Solo un magistrado propietario y otro suplente pertenecen al partido minoritario PLC, pero están sometidos sin pena ni decoro a la dictadura. Y ahora, por mandato constitucional en la elección de los nuevos magistrados —o la reelección de los mismos—, solo los partidos que tienen diputados en la Asamblea Nacional pueden participar.
El Partido Conservador ya propuso su candidato. Por su parte los partidos y alianzas opositoras deberían atreverse a dialogar con los otros partidos no sandinistas que están en la Asamblea Nacional, para por medio de ellos tratar de hacer sus propias propuestas. Así lo ha sugerido el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y también el constitucionalista Gabriel Álvarez, cada uno por su lado. Una sugerencia que se debería atender pues a la dictadura hay que atacarla por todos los lados, donde se pueda, sin menospreciar ningún espacio por mínimo que sea.
