El pasado jueves 8 de abril, la Asamblea Nacional de la dictadura anunció que este lunes 12 se convocará a la elección de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. También dio a conocer la integración de una comisión llamada “constitucional”, que se encargará de la “revisión, estudio, consulta y dictamen de los aspectos electorales”. Al parecer, con este enredijo verbal se ha querido decir que tal comisión será la encargada de elaborar y dictaminar la reforma electoral que dicte o decida el dictador Daniel Ortega.
Todos los 10 cargos de magistrados electorales (7 propietarios y 3 suplentes) ya están vencidos, la mayoría desde 2019 y dos en febrero de este año. El procedimiento para la elección de dichos funcionarios está señalado en el artículo 138 de la Constitución y es sencillo y expedito. Lo cierto es que si los magistrados electorales no han sido nombrados hasta ahora, es por la ineficiencia del poder legislativo, o porque a Ortega, Murillo y sus operadores políticos en la Asamblea Nacional no les importa la institucionalidad de su mismo régimen. O se debe a ambos motivos a la vez.
El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo ha desmantelado la institucionalidad democrática sino que ha envilecido el sentido y el funcionamiento ordinario de la organización estatal. El mensaje que envían con su conducta gubernamental es que las normas constitucionales y las leyes secundarias carecen de importancia para ellos. A los diputados del FSLN solo les importa acatar la voluntad y el capricho de Ortega y Murillo, y en general, todos los asuntos del Estado desde los superiores hasta los más pequeños, se resuelven hasta que ellos lo deciden.
De acuerdo con el artículo de la Constitución antes mencionado, o sea el 138, corresponde a la Asamblea Nacional elegir a los magistrados electorales de listas presentadas por el poder ejecutivo y los diputados. Si el titular del ejecutivo no presenta su lista, para que no haya vacío de poder los diputados tienen la potestad de elegir a quienes ellos mismos han propuesto. Pero no se atreven a hacerlo porque el Estado de Nicaragua funciona en base a la voluntad y las decisiones del caudillo absolutista.
Por otra parte, solo como referencia histórica cabe recordar que antes de las elecciones del 25 de febrero de 1990, en las que doña Violeta venció a Daniel Ortega, este pactó con la UNO una reforma electoral y se logró que fueran elegidos para el Consejo Supremo Electoral dos magistrados propietarios de confianza para la oposición. Eso fue muy importante porque muchos votantes desconfiaban del poder electoral sandinista, a pesar de que se reconocía la honradez de su presidente, Mariano Fiallos Oyanguren.
Ahora las condiciones son distintas y no se espera que entre los magistrados electorales que van a nombrar, habrá nadie como Fiallos Oyanguren. Lo más probable es que todos los que sean nombrados, incluso los que proponga la “oposición”, serán de la confianza de Ortega y Murillo. Esta no es una valoración pesimista de los anuncios electorales de la dictadura, sino realista, y quisiéramos equivocarnos
En realidad, si el régimen hubiera querido dar una señal positiva, al mismo tiempo que anunció el nombramiento de los magistrados y el comienzo del proceso de reforma electoral, debió restablecer las garantías constitucionales incluyendo el derecho de reunión y manifestación pacífica, y dejar en libertad a todos los presos políticos.
