Revisando documentos de años atrás, encontré una copia del discurso del presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), doctor Mariano Fiallos Oyanguren, en el Acto de Instalación Solemne del Consejo, el 14 de julio de 1995. Comparto a continuación fragmentos del discurso, que no requieren de más introducción:
“La función que la Constitución Política encomienda al Poder Electoral es de extraordinaria importancia en la sociedad contemporánea. Se trata de otorgar legitimidad a las autoridades del Estado, tanto frente a sus conciudadanos como a la comunidad internacional, para que así puedan llevar a cabo eficiente y ordenadamente sus funciones de gobierno. En la actualidad, salvo en unos pocos países, se tiene por legítimas solamente a las autoridades electas por sufragio universal, igual, directo y secreto en comicios libres, honestos y eficientemente organizados.
Esta no es una tarea fácil. Requiere del órgano encargado de dirigirlo, la ejecución de una serie de actividades de gran complejidad que no es posible realizar con éxito sin la existencia de una cultura política adecuada y de un alto grado de confianza en el órgano electoral que involucra tanto a la ciudadanía como a las instituciones públicas y privadas cuya colaboración es indispensable…
Una elección bien organizada requiere saber con certeza y a tiempo: quiénes votan, cómo, cuándo y dónde deben hacerlo y cuáles requisitos deben llenarse para ejercer el sufragio; por quiénes se vota y para qué cargos; cuáles son las diferentes alternativas que se ofrecen al ciudadano, así como lo que ellas significan en términos ideológicos y prácticos. Para ello, es preciso que la campaña electoral se lleve a cabo de manera pacífica y con el respeto a las normas de la ética electoral. Es necesario conocer de inmediato los resultados preliminares del voto y contar con los definitivos en cuanto lo permitan los recursos que se interpongan que deben resolverse con toda celeridad. Finalmente, en nuestro tiempo, cuando la globalización es una realidad insoslayable y Nicaragua es un país altamente polarizado, un proceso electoral debe contar con la comunidad internacional no solamente en lo financiero, sino para la observación de las elecciones.
En su trabajo, el presidente, los magistrados, sus funcionarios y empleados deben actuar con independencia de su filiación o preferencias partidarias, ideológicas, religiosas, de grupo, de género, amistad o parentesco.
Deben recordar en todo momento que organizan, dirigen y juzgan en nombre del Estado, de la Nación, del pueblo nicaragüense y no del partido o agrupación al cual pertenecen o con el cual simpaticen. Que deben guiarse exclusivamente por las disposiciones de la Constitución Política, la Ley Electoral y las demás leyes de la República, las regulaciones del propio Consejo y las más altas normas éticas de conducta profesional y que no están sujetos a órdenes, directivas o consignas de partido o de grupo.
Estas normas de conducta no deben limitarse a los aspectos estrictamente electorales, sino que deben extenderse a todas las actuaciones oficiales, en todas las cuales debe demostrarse austeridad, honestidad e imparcialidad.
Las autoridades electorales en forma colegiada o individual deben mantenerse en el campo estricto de su competencia, sin arrogarse funciones que no le corresponden, tanto dentro como fuera de la institución.
Es importante recordar que la confianza y la credibilidad, factores indispensables para el buen desempeño de las tareas electorales, no se ganan en un día, con una actuación, en una, dos o tres elecciones. Se ganan y deben renovarse constantemente, día a día, minuto a minuto.
Debe mantenerse una constante comunicación con la ciudadanía toda a través de los medios de difusión, con los demás órganos del Estado, con los partidos y agrupaciones políticas, con las organizaciones sociales de distinta índole, con la comunidad internacional y con los periodistas y formadores de opinión. Esta comunicación no debe limitarse a informar, sino que también debe servir para escuchar y tomar en cuenta la información recibida con el fin de aprovecharla en el mejoramiento de la organización, procedimientos y conducta electorales”.
La autora es licenciada en Derecho y máster en Ciencias Políticas.
