Una merecida nominación

La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua ha nominado a una de sus abogadas, la doctora Carla Sequeira, para el premio anual de Front Line Defenders a los defensores de derechos humanos en condiciones de riesgo.

Esta organización, también denominada en español Fundación para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, fue constituida en Dublín, Irlanda, en 2001, con el objetivo expreso de defender a quienes en cualquier parte del mundo “están haciendo una valiente contribución a la promoción y protección de los derechos humanos de los demás, a menudo con gran riesgo personal para ellos mismos”. Es decir, personas como la abogada Carla Sequeira, pero no solo ella, sino también todas las y los abnegados y valientes defensores de derechos humanos, a quienes quisiéramos mencionarlos por sus nombres pero el espacio no nos lo permite.

La abogada Sequeira es parte del equipo profesional de la CPDH y ha consagrado los últimos 17 años de su vida a la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses. Lo ha hecho y lo sigue haciendo a pesar de los riesgos que implica realizar esa misión en Nicaragua, donde el régimen no respeta sino que viola sin escrúpulos ni distinción los derechos humanos de todos los nicaragüenses.

Desde que fue creado el premio internacional Front Line Defenders, en el año 2005, le ha sido otorgado a 15 defensores de derechos humanos de diversos países del mundo, incluyendo a dos de Centroamérica: uno de Guatemala en 2009 y otra de Honduras en 2016. La doctora Carla Sequeira podría ser la tercera defensora centroamericana y la primera nicaragüense, en ser honrada con tan importante y merecida distinción.

Internacionalmente está reconocido que en Nicaragua todos los derechos humanos son violados por la dictadura, desde el derecho a la vida hasta el de organización política y de reunión pacífica de las personas opositoras, pasando por los derechos económicos y sociales.

Las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses como política de Estado comenzaron desde que Daniel Ortega recuperó el poder en enero de 2007. Pero se masificaron monstruosamente a raíz de la rebelión popular de abril de 2018, la que fue aplastada por el régimen con exceso de la fuerza armada llegando al extremo de cometer delitos de lesa humanidad. Así lo documentó y lo informó en junio de ese mismo año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La represión cruel y despiadada para aplastar la rebelión de abril de 2018, y la que se ha venido perpetrando desde entonces contra quienes participan en la resistencia democrática cívica y pacífica, afecta también a los organismos y las personas defensoras de derechos humanos, devenidas por eso en auténticas heroínas del pueblo nicaragüense.

De manera que, como lo dijo muy bien la doctora Carla Sequeira al ser nominada para el premio internacional a los defensores de derechos humanos en riesgo, este sería un reconocimiento a todas y todos los que arriesgan su integridad física, su libertad personal y hasta su vida, en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.

Editorial Comisión Permanente de Derechos Humanos archivo
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