Decenas de organizaciones de la sociedad civil de Honduras exigieron este lunes, en una declaración, la «salida inmediata» del presidente Juan Orlando Hernández y las principales autoridades del gobierno por haber convertido el país en un «narco Estado».
«Colmados de indignación», los dirigentes de las agrupaciones acordaron en una declaración «exigir incondicionalmente (…) la inmediata salida de Juan Orlando Hernández del gobierno (y) el relevo del alto mando militar» que lo apoya.
También pidieron la salida del «fiscal general, el presidente del Congreso, presidente de la Corte Suprema de Justicia y el procurador general de la República» y llaman a convocar un gobierno de transición que lleve adelante las elecciones generales del 28 de noviembre.
«Somos testigos de la destrucción del Estado de derecho y la construcción de una dictadura de partido que ha devenido en un narco Estado con que se nos exhibe en el mundo entero», sostuvieron las organizaciones en el documento.
Treinta y seis organizaciones, entre ellas Caritas de la Iglesia Católica, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (Cuth) y Convergencia contra el Continuismo, una alianza de organizaciones no gubernamentales y políticas, firman la declaración «Llamamiento patriótico a la transición».
Cadena perpetua
La semana pasada una corte federal de Estados Unidos condenó a cadena perpetua al exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente hondureño, responsabilizándolo por introducir 185,000 kilos de cocaína a Estados Unidos, con ayuda de instituciones del Estado.
El juez del tribunal, Kevin Castel, aseguró que el sentenciado «actuó como intermediario en sobornos a políticos, incluido su hermano Juan Orlando Hernández y el (oficialista) Partido Nacional».
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Días antes, en ese mismo juzgado, fue declarado culpable de narcotráfico el hondureño Geovanny Fuentes, a quienes los fiscales estadounidenses consideran socio del presidente, dentro de un «narco-Estado».
El presidente Hernández rechazó los cargos y criticó a la justicia estadounidense por basarse, según él, en testimonios de excapos de la droga perseguidos por el gobierno hondureño que buscan venganza. Su hermano apelará la sentencia.
En el juicio, sustentado por cinco excapos como testigos, los fiscales federales apoyados por la Administración de Control de Drogas (DEA) sostuvieron que el actual presidente recibió dinero incluso del mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán, a cambio de ayuda para el transporte de droga por Honduras, con destino a Estados Unidos.
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