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abril

Imagen de archivo. LA PRENSA.

A tres años de la rebelión de abril, ¿qué no han aprendido aún los nicaragüenses? La oposición decepciona a víctimas

"Seguimos en lo mismo, no hemos encontrado ni la justicia ni la verdad correspondiente (...) La  cruda realidad es que la represión es más fuerte", dice Álvaro Conrado, padre del adolescente Álvaro Conrado, asesinado el 20 de abril. Esto dicen otras víctimas de la dictadura.

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A tres años de la rebelión de abril de 2018, los bloques políticos, movimientos y grupos sociales aún tienen pendientes lecciones que aprender, sobre todo en temas de unidad, organización y comunicación, consideraron analistas políticos y víctimas de la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estos últimos decepcionados de la clase política opositora y su división.

Para que se logre alcanzar el objetivo de la lucha que iniciaron los jóvenes nicaragüenses, de sacar del poder a la pareja dictatorial, la oposición deberá organizarse y cumplir con la demanda de las familias afectadas: liberación de presos políticos y justicia por las personas asesinadas y la no repetición.

Álvaro Conrado y Francisca Machado, padre y madre respectivamente de los jóvenes asesinados por la dictadura Álvaro Conrado y Franco Valdivia Machado —y miembros de la Asociación Madres de Abril (AMA)—, están conscientes de que las muertes de sus hijos alcanzará la justicia hasta que haya un cambio de gobierno, y aunque mantienen firme su lucha se sienten frustrados por el camino que ha tomado la oposición política a los Ortega-Murillo.

“Seguimos en lo mismo, no hemos encontrado ni la justicia ni la verdad correspondiente (…) La  cruda realidad es que la represión es más fuerte, (pero) esperamos que ellos se unan y realmente dentro de su plan de gobierno tengan la búsqueda de la verdad y justicia para los asesinados, esperamos realmente que lo cumplan si no nosotros, como familiares, siempre vamos a estar presionando a cualquiera que sea el candidato de la oposición como lo ponga en agenda”, declaró Conrado, quien consideró que luego de tres años de buscar el cambio en el país aún no hay “nada bueno” que destacar.

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En año electoral, líderes políticos opositores ya han presentado su precandidatura presidencial y entre los temas de agenda han expuesto resolver la crisis sociopolítica que vive el país desde el 2018, así como la liberación de los más de 120 presos políticos que actualmente hay en las cárceles y la no impunidad de los más de 300 asesinatos que cometió el régimen orteguista, cuyos crímenes han sido calificados a nivel internacional como delitos de lesa humanidad, es decir no prescriben y deben ser juzgados en cualquier momento.

“En la agenda algunos (candidatos) he escuchado que presenta la liberación de los presos, la justicia, pero lo que nosotros no estamos seguros es que si se va a llegar a cumplir cuando estén en la Presidencia. (La AMA) vamos a presentar nuestras demandas y esperamos que se cumplan”, señaló Machado.

En noviembre de este año, Conrado cumpliría tres años de “muerte civil”, es decir, de no contar con un trabajo o poder hacer uso de los servicios públicos porque es catalogado como opositor, o en el peor de los casos como “terrorista”. “Es triste porque en tres años no hemos avanzado nada, pero la lucha siempre la vamos a tener en nuestra mente y corazón”, destacó.

“No tenemos nada nuevo porque seguimos sin justicia, pero estamos aprendiendo a vivir con el dolor, con la ausencia y ese dolor que tenemos por nuestros hijos lo hemos convertido en fuerzas, para alcanzar la justicia, el no olvido y repetición”, dijo por su parte Machado.

En este sentido, Tamara Morazán, coordinadora de AMA, consideró que uno de los desafíos que enfrenta el organismo es seguir resistiendo a la represión del régimen, hasta lograr una verdadera justicia y verdaderos cambios en Nicaragua.

“Así las nuevas generaciones no tendrán que repetir la historia y podrán vivir en una Nicaragua libre donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades”, declaró Morazán, quien añadió que desde el 2018 los nicaragüenses se armaron de valor para salir a las calles a demandar la restitución de sus derechos.

¿Qué hace falta por aprender?

Para los analistas políticos José Pallais y Cirilo Otero, la rebelión de 2018 —protagonizada por jóvenes universitarios— dejó lecciones que aún no se han podido implementar integralmente, pero que teniendo en contra reloj unas posibles elecciones se deben trabajar en ellas.

A criterio de Pallais, si bien la lucha social fortaleció el valor de solidaridad entre el pueblo nicaragüense y llevar a cabo una organización excepcional, este último punto no pudo consolidarse y mantenerse hasta ahora, por lo que fue “aprovechado” por el régimen.

“Los movimientos sociales y políticos están sin una organización que lo dirija en el tiempo, no logran conseguir el éxito buscado, (la organización) fue algo espontáneo, una explosión, pero no logró articularse a una organización política social que viniera a conducir la jornada de protesta, eso fue aprovechado por el régimen, la falta de dirección para incrementar su capacidad de represión”, manifestó Pallais.

Bajo este mismo criterio, el sociólogo Otero coincidió en que los acontecimientos de abril de 2018 dejaron en evidencia que el país necesita una organización  bajo dos perfiles, una social y otra política; asimismo tener una capacidad de comunicación. Para el especialista, estas mismas lecciones son ahora un desafío para los nicaragüenses, y enfatizó que la falta de aprendizaje de estos puntos no solo compete a líderes políticos sino a toda la sociedad.

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“La palabra clave es organización social para darle un sentido político, ya se debería hacer una sola organización de defensa. No tenemos capacidad de comunicación, hay que aprender a tener una buena comunicación, es un desafío en el que estamos involucrados todos los nicaragüenses”, dijo Otero.

Y agregó: “Lo malo es esta dictadura, haberla dejado crecer, que se desarrollara. Aquí los desafíos son aprender las lecciones. No he visto resultados de aprendizaje. Le hemos fallado en su totalidad a la sociedad y no aprendemos la lección. Todos tenemos responsabilidad, la sociedad completa, todos hemos fallado.  A esta altura deberíamos de haber aprendido cómo funcionan las dictaduras, porque nosotros venimos de dictadura en dictadura”.

Con esperanza

Karen Lacayo, coordinadora de la Asociación de Familiares de Presos Políticos y hermana del preso político Edward Lacayo, la Loba, expresó que desde el 2018 los nicaragüenses “abrieron los ojos”, y ahora lo que piden es que la oposición presione para que sean liberados los reos de conciencia antes de las elecciones.

“(Los presos políticos) están desesperados y a la misma vez decepcionados porque sienten que le están siguiendo el juego a Ortega, porque él no está permitiendo las elecciones como debe ser. Y si no hay reforma y primeramente la liberación de ellos (presos) no hay que seguirle el juego a Ortega”, manifestó Lacayo.

Sin embargo, Lacayo refirió que mantiene las esperanzas de que los líderes políticos escucharán la demanda de las familias afectadas. “Yo creo que no hemos aprendido a unirnos, y lo están tomando personal a su conveniencia, pero la verdad nosotros seguimos pidiendo la libertad de nuestros hermanos y el desafío es que Nicaragua vuelva a ser libre”, demandó.

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A consideración de Pallais, la agenda de la justicia y liberación está en primer lugar de las líneas básicas de la oposición porque la sociedad nicaragüense está consciente de lo que representa abril de 2018.

“(La oposición) tiene un compromiso firme sobre la justicia. Yo no tengo duda que la justicia va a llegar. Lo que representa el 2018 es la conciencia, un recordatorio permanente a la conciencia humana. Es lo que no nos permite olvidar, sus reclamos, demandas de un elemento importante para que la luz de la justicia permanezca encendida en esta sociedad”, reflexionó Pallais.

Las elecciones generales en Nicaragua están previstas a realizarse el próximo 7 de noviembre, como lo establece la legislación nacional. En su momento, la oposición nicaragüense y la comunidad internacional presionaron al régimen para adelantar las votaciones, como consecuencia de la brutal represión de las protestas de 2018, que provocaron más de 325 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que calificó al régimen de cometer crímenes de lesa humanidad.

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