La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de España y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, reveló en una entrevista con un diario de Costa Rica que en estos momentos no existe «en ninguna agenda europea» la aplicación de nuevas sanciones contra la dictadura Ortega Murillo de parte de la Unión Europea (UE).
La alta funcionaria de la región indicó que están pendientes y siguiendo muy de cerca la situación de Nicaragua, sin embargo «este momento no tenemos en ninguna agenda europea estas medidas, que además se toman siempre en el seno de la UE. Son medidas grupales definitivamente y eso las refuerza en cuanto a mensajes más potentes, es una decisión que hay que pensar y discutir entre muchos», dijo Gallach al diario costarricense La Nación.
De hecho, han transcurrido cinco meses desde que el Parlamento Europeo (PE) emitió una resolución en la que demandaba sanciones directas contra la pareja dictatorial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, si estos aprobaban a través de la Asamblea Nacional el paquetazo de leyes represivas, lo que consideraban un precedente nefasto para los derechos humanos de los nicaragüenses.
No obstante, pese a la advertencia el régimen impuso la aprobación de dichas leyes y en enero de 2021 entraron en vigencia la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, mejor conocida como «Ley Putin»; la Ley Especial de Ciberdelito o «Ley Mordaza», y la pena de cadena perpetua. Mientras que, a la fecha, la UE sigue sin actuar.
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«En este momento lo que está sobre la mesa es ese trabajo conjuntamente, diplomáticamente, con los distintos grupos de la oposición, con la sociedad civil y que el liderazgo del país sea muy importante, para celebrar elecciones abiertas y libres», aseguró Gallach.
Las elecciones generales en Nicaragua están previstas a realizarse el próximo 7 de noviembre, por disposición constitucional. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha dado un plazo de hasta mayo al régimen de Ortega para que cree las condiciones necesarias para un proceso electoral, libre, justo y transparente, que implica hacer reformas a la Ley Electoral, pero hasta ahora el Gobierno no ha dado señales de querer hacer ajustes profundos, ni cosméticos.
