El juez orteguista Wilfredo Gabriel Ramírez Lacayo, titular del Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, encontró culpables a los presos políticos Yorling Alberto Robles Carballo, de 20 años, y Óscar Enrique Amador Acuña, de 40, originarios del municipio de Catarina, Masaya, por los delitos de fabricación, tenencia y uso de armas restringidas, y tráfico de estupefacientes y otras sustancias controladas, a pesar de irregularidades en el juicio denunciadas por el abogado defensor, Julio Montenegro.
«Hay algunas deficiencias en los actos de investigación, por ejemplo en cuanto a la inspección general y detallada del día 27 de agosto del 2020, a las 10:30 a.m., refiere en este caso el especialista que fue realizada en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y no en el lugar donde se ha cometido el ilícito y eso no es posible porque esta técnica no se realiza en un lugar cerrado, por ahí empieza la situación de duda que generan estos procesos», cuestionó Montenegro.
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Para hacer la inspección en la DAJ y no en el lugar de los hechos, los oficiales de la Policía argumentaron en juicio que tomaron esa decisión porque muchas personas les estaban obstaculizando el trabajo, sin embargo Montenegro señaló que otros testigos indican que la zona donde ocurrió la detención de los presos políticos es escasamente habitada. No obstante, familiares de los detenidos anteriormente denunciaron que Estos habían sido capturados en sus viviendas.
Pena máxima
En el juicio declararon siete testigos usados por la Fiscalía, la mayoría oficiales de la Policía, y cinco a favor de los acusados. El representante de la Fiscalía, Luis Carlos Mongalo, solicitó al judicial la pena máxima para los reos de conciencia de 23 años de prisión y 1,300 días multa, para cada uno, mientras Montenegro aseguró que apelará la decisión del juez ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua.
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«Se decía en el caso de Yorlin Efraín Robles que el motivo por el cual él estima que está siendo objeto del proceso es porque participó en las marchas cívicas (contra el régimen) y en el caso de Oscar Enrique Amador se dice que él hace tres años estaba autorizado para la producción de juegos pirotécnicos y que aparentemente las sospechas de las autoridades sobre que él fabricaba morteros y bombas que a veces sonaban en las calles de Masaya», detalló Montenegro.
