Abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), interpusieron este lunes tres recursos por inconstitucionalidad contra la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza».
Este esfuerzo por derogar la Ley Mordaza se suma al de 34 periodistas de medios de comunicación independientes, al del Movimiento Feminista de Nicaragua y al de la precandidata a la Presidencia de la República, Cristiana Chamorro Barrios, quienes la semana pasada introdujeron ante ese poder del Estado recursos por inconstitucionalidad.
La Ley Mordaza fue aprobada el pasado 27 de octubre por la mayoría orteguista en la la Asamblea Nacional y entró en vigencia dos días antes de concluir 2o2o. Esta ha sido rechazada por organismos regionales e internacionales como el Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además del gobierno de Estados Unidos.
«Presentamos este recurso porque la normativa de esta ley presenta roces con la Constitución Política. El artículo 4 y el 5 de esta ley, en su descripción normativa, no establece cuál es la acción que no debe hacer el sujeto para no caer en un delito. La ley es muy ambigua y no establece cuál es la acción que transgrede un bien jurídico protegido. Las leyes no pueden emitirse y más una de orden penal, de carácter punitivo, cuando no se establece qué es lo que no tenés que hacer. Esto da puertas a suspicacias y a que sufra interpretaciones analógicas que son prohibidas por la ley», explicó María Oviedo, abogada de la CPDH.
Junto a Oviedo, interpusieron los recursos sus colegas Teresa Guadamuz y Pablo Cuevas.
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Expertos en derecho constitucional han explicado que dicha ley transgrede al menos tres preceptos constitucionales, como la libertad de expresión, la libertad de información y de prensa y el derecho al acceso a la información.
La Ley Mordaza criminaliza las publicaciones en redes sociales como delitos contra la «seguridad del Estado», con penas entre uno y ocho años de cárcel. «Las redes sociales es una de las armas que ha tenido el pueblo, la disidencia, la oposición o cualquier ciudadano para criticar lo mal que está haciendo el Gobierno, entonces como esto le está generando un problema, le está generando un estrés al Gobierno y naciendo esta ley en este contexto político podemos suponer que fue creada con el fin para apresar a los opositores», finalizó Oviedo.
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El joven tik toker, Kevin Monzón, ha sido apresado arbitrariamente en diversas ocasiones y fue acusado por un fanático orteguista en los Juzgados de Managua, pero logró demostrar su inocencia.
