La dictadura ha entregado a entes del gobierno las propiedades de 100% Noticias, Confidencial, Cenidh, y las ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias, Popol Na y Cisas, las cuales fueron usurpadas por el régimen durante la brutal represión para aplastar la rebelión popular de 2018. Otras propiedades de instituciones civiles y privadas que también fueron robadas, siguen sin ser devueltas, pendientes de lo que decidan Ortega y Murillo.
Los dueños de las propiedades confiscadas y asignadas a entes gubernamentales denuncian que el régimen está perpetrando un lavado de confiscaciones, y tienen razón. Es lavado de dinero, propiedades o de cualesquiera otros activos, toda acción destinada a dar apariencia de legitimidad a bienes obtenidos ilícitamente y mediante actividades criminales. Se trata de un grave delito perseguido y castigado por la ley y la justicia internacional.
El eminente enciclopedista jurídico Guillermo Cabanellas, señala que la confiscación es un “robo decretado por el poder público, con impunidad establecida por el mismo, es una de las penas o medidas que han suscitado mayor odiosidad siempre…”. Y agrega que por eso es que la confiscación “se prohíbe por la generalidad de las Constituciones en el ámbito nacional”.
En efecto, en el caso de Nicaragua la Constitución establece de manera categórica, en su artículo 44: “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
Esta disposición constitucional no fue establecida por casualidad. La confiscación ha sido a lo largo de la historia nacional un procedimiento criminal usado prácticamente por todos los dictadores, para enriquecerse junto con sus familias y secuaces; y para castigar a sus enemigos reales o inventados. Las confiscaciones más recientes, antes de las de ahora, habían sido las que ejecutaron mediante decretos y leyes espurias Daniel Ortega y los demás comandantes sandinistas, inmediatamente después de que asaltaron el poder en julio de 1979. Dijeron que eran para recuperar en beneficio del pueblo los bienes mal habidos del somocismo, pero era mentira. Los sandinistas confiscaron para su provecho particular propiedades de los Somoza y los somocistas, pero también de muchas personas que las obtuvieron honradamente, como fruto de su propio trabajo o por sucesión hereditaria.
Aquella maligna anomalía fue corregida durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, con la reforma constitucional democrática de 1995 que fue posible gracias a un acuerdo de los diputados de la UNO con los legisladores sandinistas, que se separaron del FSLN y formaron el MRS que ahora es Unamos. Los orteguistas y algunos antisandinistas radicales denigran aquel acuerdo, pero la verdad es que fue una pieza fundamental en el proceso de democratización de Nicaragua impulsado por el gobierno de doña Violeta.
Con la nueva dictadura sandinista de Daniel Ortega, que recuperó el poder gracias a la división del voto democrático en las elecciones de 2006, se han restablecido las confiscaciones a pesar de la prohibición constitucional. Pero la Constitución señala que los confiscadores responderán con sus bienes, en todo tiempo, por lo que hubieran confiscado. Lo cual quiere decir que la confiscación es un crimen que nunca prescribe y que tarde o temprano los confiscadores serán castigados.
