La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberó al preso político Gerald Enrique Lovo Cuadra el 20 de mayo del 2019, a través de la Ley de Amnistía, pero este lunes 22 de febrero la Policía Orteguista lo presentó a los medios oficialistas como involucrado en el tráfico de drogas y crimen organizado. Junto a él fue capturado Félix Fernando Solórzano Silva, quien conducía el automóvil, marca Toyota Corolla, color blanco, placa M 328-714.
Lovo Cuadra es señalado por la Policía de transportar cuatro kilos con 400 gramos de cocaína, que en el mercado norteamericano tienen un valor de 110 mil dólares. Además, a los detenidos supuestamente se les encontró la cantidad de 1,900 dólares.
Actualmente, el régimen mantiene a más de 100 presos políticos tras las rejas y se rehúsa a dejarlos en libertad. Analistas políticos consideran que los usará como “moneda de intercambio” en posibles negociaciones con la comunidad internacional. Reos de conciencia en diferentes penales de Nicaragua han ejecutado medidas extremas como coserse la boca y hacer huelga de hambre para presionar al dictador en busca de una salida a su situación, pero Ortega ha puesto oídos sordos al sufrimiento de los opositores.
Lea también: Jóvenes opositores anuncian campaña de recolección de firmas para reformas electorales
El supuesto operativo
El supuesto operativo habría ocurrido el pasado viernes 19 de febrero en el kilómetro 11 de la Carretera a Masaya. Según la Policía, Lovo y Solórzano circulaban a bordo del vehículo antes mencionado y fueron requisados por los oficiales, quienes detectaron en el asiento trasero una mochila, color verde, conteniendo cuatro paquetes rectangulares envueltos con plástico transparente.
Al hacerle la prueba a la sustancia ocupada, la Policía asegura que dio positivo para cocaína, mientras a Solórzano le encontraban la cantidad de dinero antes mencionada.
Te puede interesar: El periodista David Quintana solicita ayuda para pagar multa a la dictadura de Ortega
En septiembre de 2018, la Policía detuvo a Lovo por supuestamente haber cometido delitos contra pobladores y transportistas de carga internacional y fue vinculado al tranque que fue ubicado frente al Colegio San José, en el municipio de Jinotepe, departamento de Carazo, en mayo de ese año, en el contexto de las protestas nacionales contra el régimen. También lo señalan de haber dirigido una banda que robó una ambulancia del Ministerio de Salud (Minsa).
