Una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) visitó entre el 15 y el 19 de febrero las instalaciones de los centros penitenciarios de Nicaragua para capacitar en materia de derechos humanos a los funcionales de estos penales, en un contexto donde familiares de los más de 100 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega mantiene recluidos por protestar contra su régimen denuncian maltratos y tortura.
La delegación del CICR estuvo liderada por María Noel Rodríguez Tochetti, asesora penitenciaria de la delegación regional para México y América Central del CICR. La visita fue «con el objetivo de conocer las actividades que realizan los privados de libertad y su reinserción a la sociedad» en el Sistema Penitenciario Nacional.
Los penales visitados fueron La Modelo y la cárcel de mujeres La Esperanza, en Tipitapa; La Granja, en Granada, y las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como El Chipote, donde a partir de abril de 2018 fue utilizado como centro de torturas de manifestantes que protestaron de forma masiva contra la dictadura de Nicaragua, de acuerdo con denuncias e informes recopilados por organismos de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales.
La visita del CICR —y su respectiva capacitación— fue dada a conocer a través del medio oficialista El 19 Digital, donde no se detalla en qué consistió el proceso de capacitación del personal de los penales, en el marco del programa «Gestión Penitenciaria en clave de Derechos Humanos».
Tras consultas realizadas por LA PRENSA a la CICR, la Coordinadora de Comunicación para México y América Central de dicho organismo, María Cristina Rivera, explicó que, en su rol de asesora regional en materia penitenciaria, Rodríguez visita los distintos países que son cubiertos por la delegación regional, tano en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, para acompañar el trabajo de las oficinas y entregar asesoría técnica en la materia a las autoridades encargadas.
«En Nicaragua como en otros países, el CICR realiza actividades de capacitación dirigidas a las autoridades penitenciarias a través de las cuales promueve el conocimiento y respeto de los estándares mínimos en materia de detención y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad», señaló Rivera.
CICR no hace públicos hallazgos de las visitas
La coordinadora de comunicación del CICR aclaró que entre sus modos de acción, el organismo privilegia en todo el mundo el diálogo confidencial con las autoridades y las familias, «esto implica que no hace públicos los informes derivados de las visitas a las personas privadas de libertad».
«Estos informes son compartidos solo con las autoridades, con las recomendaciones sobre los principales hallazgos. Las familias son, al mismo tiempo, informadas sobre estas visitas», mencionó Rivera.
Agregó que en el marco de su acción humanitaria «neutral, imparcial e independiente», el CICR visita centros de detención en Nicaragua desde enero 2019, y este año continuarán realizando acciones a favor de las personas privadas de libertad sin distinción ni discriminación.
«Igual que en los más de 80 Estados donde desempeñamos un trabajo similar, dichas visitas son de carácter exclusivamente humanitario y buscan contribuir a que las personas privadas de libertad gocen de un trato y condiciones de vida conformes al derecho internacional y los estándares internacionalmente reconocidos, incluyendo el contacto con sus familiares», señaló.
Capacitación es «un saco roto»
Según la defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, la capacitación del CICR a funcionarios de los penales del país «se va a convertir en un saco roto», pues considera que significa la transmisión de teorías y conceptos relacionados al cuido de los derechos humanos, a gente cuya principal función es vulnerar y violentar los derechos de los reos, especialmente a los presos políticos.
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«Esa gente del Sistema Penitenciario, en vez de estar poniendo atención a capacitaciones conceptuales de expertos, lo que hacen caso es a las orientaciones que emanan de El Carmen, entonces está la Cruz Roja dilapidando sus posibilidades de invertir sus esfuerzos en mejorar la situación en otras partes», señaló Núñez.
La presidenta del Cenidh cuestionó que la divulgación por parte del régimen orteguista de la visita del CICR sea una forma de «lavarse la cara ante el mundo», para dar una imagen de tranquilidad dentro de los penales, además de «instrumentalizar» al organismo internacional, que tampoco ha divulgado los hallazgos de la visita.
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«De nada nos sirve que (el régimen) nos digan que llegaron a visitar los penales, si no se conocen cuáles fueron los resultados, cuál fue el diagnóstico con base a lo que encontraron. Entonces, en una dictadura como la que tenemos, el trabajo de la Cruz Roja, cuyas buenas intenciones no pongo en duda, se vuelve inocuo, no sirve para nada», argumentó.
Busca un «impacto publicitario»
Por su parte, el especialista en derechos humanos Uriel Pineda coincidió con Núñez sobre el hecho de que el régimen orteguista, con esta visita del CICR, lo que pretende es tratar de dar una imagen respecto a los derechos humanos y agregó que la dictadura se apega a «la confidencialidad de Cruz Roja».
«Es una simulación más. Es una situación que no garantiza el respeto a los derechos humanos de los presos políticos y las personas privadas de libertad en el país en general, y solo busca un impacto publicitario el régimen Ortega Murillo», señaló.
¿Qué función cumplen y en qué deberían enfocarse?
Sobre el nivel de capacitación con la que cuentan los carceleros y demás funcionarios del SPN, Pineda señaló dos niveles, uno de ellos es a nivel de custodia. «Aunque se han hecho esfuerzos de actualización normativa en los últimos 20 años, el retorno al poder de Daniel Ortega representó una grave involución, al eliminar la observancia que ejercían las organizaciones de derechos humanos, no hay manera de medir el respeto a estos derechos», explicó Pineda.
Como segundo punto, señaló que temáticas como la capacitación de los funcionarios y las condiciones en que se realizan se desconocen en términos generales.
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«Por otra parte y de manera estructural, el diseño normativo del sistema penitenciario en Nicaragua es arcaico, militarizado, carente de una estructura multidisciplinaria que atienda de forma integral la reinserción social. En Nicaragua, el sistema penitenciario se reduce a la organización de custodios de perfil militarizado», valoró Pineda.
Cuestionan silencio del CICR
Por otra parte, el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, aunque valoró de «buena» la visita del CICR, cuestionó que las imágenes difundidas por medios oficialistas representan «una visita de complacencia».
«Como defensor de derechos humanos, debemos de decirlo claro: exigimos que la Cruz Roja no siga guardando silencio, porque dicen los mismos instrumentos del CICR que la confidencialidad no es silencio absoluto, que cuando se han agotado los mecanismos incluso pueden hacer denuncias», manifestó Carrión.
Para Carrión, pese a que el CICR argumenta que sus principios de confidencialidad es para evitar que haya politización de su quehacer, considera que su visita es ampliamente aprovechada por el régimen.
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«La politiza (visita), aparece como encuentros gozosos, en un mundo ideal, con estructuras que son responsables de derechos humanos, capacitan en gestión y en derechos humanos a estructuras que han violado sistemáticamente los derechos humanos en los últimos tres años», cuestionó Carrión, quien señaló que es importante conocer qué encontró el CICR en su visita.
