Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificaron la sentencia condenatoria de primera y segunda instancia en contra del preso político Jaime Enrique Navarrete Blandón.
El caso de Jaime Navarrete es el segundo sobre un reo político que llega hasta el proceso de casación ante los magistrados de la CSJ. “Me notificaron la sentencia, en la cual fallan con un no ha lugar al recurso de casación que interpusimos a favor de Navarrete, por lo que tendrá que pagar la injusta pena que le impusieron, pero lo que destacamos es que el engranaje del Poder Judicial trabaja al unísono con las órdenes del (residencial El) Carmen (lugar donde residen Daniel Ortega y Rosario Murillo) y que todo lo que hacen los jueces de primera instancia y los magistrados del Tribunal de Apelaciones es avalado por las máximas autoridades del Poder Judicial, en este caso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, denunció Eber Acevedo, abogado defensor del preso político de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Navarrete ha sido condenado dos veces por diferentes delitos en procesos irregulares, según sus defensores. La primera condena fue de 22 años de cárcel por el supuesto homicidio de un paramilitar que andaba desmontando barricadas en barrios de Managua, en junio de 2018, aunque no hubo pruebas certeras contra él, según su abogado en ese juicio. Fue liberado bajo la Ley de Amnistía el 10 de junio de este año.
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La segunda condena fue de tres años y seis meses de cárcel. A pesar de las irregularidades en el juicio contra el excarcelado, el juez Melvin Vargas, titular del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, lo declaró culpable de supuesta tenencia ilegal de droga y arma de fuego.
«En la primera instancia del proceso en contra de Navarrete se vio las contradicciones entre los testigos de la Policía, al no saber el lugar y vestimenta exacta que llevaba Jaime al momento de ser capturado; también la prueba de descargo presentada por la anterior defensa del reo no fue valorada correctamente, porque se presentaron unos videos donde se establecía que Jaime había sido capturado en su casa de habitación, pero la acusación fiscal establece que él fue capturado en la vía pública, allí por la rotonda La Virgen», señaló Acevedo, en referencia a algunas de las irregularidades en el proceso judicial.
La primera sentencia de la CSJ
El 30 de enero del año pasado, pese a que no había ninguna prueba certera que indicara que los presos políticos Yader Antonio Polanco Cisnero y Jorge Adolfo García, ambos oriundos de Esquipulas, Matagalpa, fueran los responsables del asesinato de Juan Antonio Tinoco Gómez, de la misma localidad, magistrados de la Sala Penal de la CSJ confirmaron la pena de 22 años y seis meses de prisión en su contra, denunciaron familiares y abogados en ese momento. Ellos se convirtieron en el primer caso de reos políticos que subió a casación para ser dilucidado por los magistrados.
Los magistrados obviaron la falta de pruebas en este caso, denunciaron los abogados y familiares de Yader Antonio Polanco Cisneros. Según estos, los verdaderos motivos del proceso judicial salieron a relucir de boca de manifestantes políticos del partido en gobierno, quienes llegaron supuestamente a apoyar a los familiares de la víctima y gritaron frente a los juzgados de Matagalpa que los procesados «eran tranqueros» y que había que condenarlos.
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Este caso fue llevado por abogados de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ). “Sí fue el primer caso que llegó hasta casación en el 2019, los acusaron por un asesinato, pero el caso es político porque los condenados anduvieron en las protestas”, dijo un abogado que prefirió omitir su nombre por medidas de seguridad y temor a represalias.
Mientras, esta semana cuatro presos políticos enfrentaron audiencias de casación en la CSJ, dos de ellos lo hicieron de manera presencial en una audiencia oral ante los magistrados, pero a los otros dos les fue negado ese derecho, denunció el abogado Julio Montenegro. Ahora están a la espera de la decisión de los representantes del máximo tribunal de justicia. Los reos de conciencia son Bernardo José Ramos, Denis García, Jaime de Jesús Romero Carrión y Edward Lacayo Rodríguez, conocido como la Loba Feroz de Masaya.