El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llamó este jueves al Congreso a reactivar la pena de muerte para hacer frente a la criminalidad tras el asesinato de una niña pese a que el castigo es inaplicable por sentencia constitucional.
«Le pido al Congreso de la República que no nos tiemble la mano para enfrentar a los criminales. Si hay necesidad de la pena de muerte que lo hagan», afirmó Giammattei a periodistas durante una gira por el Caribe (noreste) del país.
«Los crímenes contra la niñez deberían ser pagados con la vida del criminal», aseguró el mandatario derechista.
El cadáver de Sharon Figueroa, de ocho años, fue hallado el miércoles en el municipio norteño de Melchor de Mencos, fronterizo con Belice, un día después de su desaparición, sumándose a un aumento de casos de violencia contra las mujeres y provocando mensajes de indignación y llamados a aplicar la pena capital.
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Sin embargo, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, explicó que el pedido de Giammattei es una reacción «populista», pues la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, ya declaró inaplicable la pena de muerte en Guatemala.
Entre 2016 y 2017, la CC excluyó la pena de muerte para casos de asesinato, parricidio, ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición forzada y magnicidio.
La Corte argumentó que la imposición de la pena de muerte, que se aplicó por última vez hace más de dos décadas por medio de inyección letal, viola principios consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
«Es una respuesta populista a un problema severo de violencia que no se resolverá con ese tipo de medidas [pena de muerte]», valoró Rodas, conminando al mandatario a atacar los «problemas de fondo» para erradicar la violencia.
Junto a la exclusión del Código Penal, la pena de muerte también arrastra desde el 2000 un vacío legal surgido cuando el entonces presidente, Alfonso Portillo (2000-2004), le pidió al Congreso que derogara la potestad que tenía el mandatario para otorgar un indulto a los condenados.
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El Legislativo, sin embargo, no determinó a quién le corresponde el último recurso al que tienen derecho los sentenciados.
En enero diputados derechistas desempolvaron un proyecto para restaurar el indulto presidencial para que se pueda aplicar la pena otra vez.
