Las elecciones en Ecuador que se realizaron el pasado domingo 7 de febrero, como se esperaba fueron nítidamente democráticas. En la presidencial, como no ganó ningún candidato, el próximo 11 de abril habrá una segunda ronda electoral entre los dos primeros lugares.
Siendo el Ecuador un país de mucha dispersión política, como en general son todos los países hispanoamericanos, la elección presidencial del 7 de febrero fue disputada por 16 candidatos. Siete de ellos eran de izquierda, con distintos matices, 8 de centro también con inclinaciones diferentes, y apenas uno de clara derecha democrática. Este fue Guillermo Lasso, de la Alianza Creo-Partido Social Cristiano, quien ya había sido candidato en las elecciones anteriores y fue derrotado en segunda vuelta por el ahora presidente saliente, Lenín Moreno.
En la democracia no hay ni tiene que haber ningún problema o temor porque gane un candidato de izquierda o de derecha. Lo determinante es que la elección sea libre, justa, competitiva, trasparente y verificada por observadores nacionales e internacionales, como lo indican las normas establecidas en la Carta Democrática Interamericana aprobada por todos los Estados de la región, a excepción de Cuba comunista donde no hay democracia.
Pero quien gana la elección, sea de derecha o de izquierda, tiene la obligación de gobernar de acuerdo con las normas democráticas establecidas, respetar el Estado de derecho y la independencia e integridad de los otros poderes estatales, rendir rigurosas cuentas de sus gestiones gubernamentales, velar por la vigencia de las garantías constitucionales y él mismo ser ejemplo de respeto a los derechos humanos de todas las personas.
En la democracia el gobernante elegido por el pueblo ejerce el poder de acuerdo con la ley y tiene que ser obedecido, pero su poder es limitado, temporal y lo debe administrar en función de los intereses de los gobernados, no para satisfacer su voluntad personal ni para hacer del Estado un botín suyo, de su familia y de su partido.
En condiciones de institucionalidad democrática no hay ningún problema, repetimos, con que el gobernante elegido mediante el voto de los ciudadanos sea de izquierda, centro o derecha. Como no lo debió ser en Nicaragua cuando Daniel Ortega ganó las elecciones de 2006. Pero ya teniendo en sus manos el poder, Ortega no respetó las normas y principios de la democracia, desmanteló la institucionalidad democrática, sustituyó el órgano electoral del Estado con una maquinaria para hacer fraudes, subordinó los demás poderes del Estado y organismos de gobierno al Ejecutivo, arrasó el sistema constitucional de derechos y garantías de los ciudadanos e instauró una omnipresente y feroz dictadura policial.
De manera que ahora no hay ninguna garantía de que los comicios del 7 de noviembre próximo serán realmente elecciones. Lo más probable es que sean solo votaciones y un simulacro electoral para validar la permanencia de Ortega en el poder. Lo mismo que ocurre en Cuba comunista y Venezuela socialista del siglo XXI, donde no se hacen elecciones auténticas sino grotescas farsas y fraudes electorales para perpetuar las dictaduras.
