La periodista Cristiana Chamorro Barrios, exdirectora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión y de prensa y la profesionalización de los periodistas, expresó en un artículo de opinión que publicamos el sábado pasado que el viernes 5 de febrero fue un día de luto cívico.
Es que en esa fecha se venció el plazo perentorio, que el Ministerio de Gobernación de la dictadura puso a las organizaciones de la sociedad civil que reciben —o recibían— financiamiento externo para el desarrollo de sus actividades, a fin de que se registraran ante esa autoridad dictatorial como agentes extranjeros, so pena de ser penalizadas con cuantiosas multas y la liquidación de sus personerías jurídicas.
La FVBCH, por dignidad cívica, democrática y patriótica, decidió no someterse a esa imposición arbitraria e inconstitucional del régimen orteguista, prefirió cesar sus actividades y por lo tanto ese fue en efecto un día de luto para Nicaragua, que sufre la opresión de la peor dictadura que ha habido en toda la historia nacional.
Un día antes, el 4 de febrero, otro organismo de la sociedad civil consagrado a la defensa de la libertad de expresión y de prensa, así como a la promoción de la literatura y la cultura en general, como es PEN Nicaragua, decidió suspender su afiliación a PEN Internacional también como consecuencia de la maligna Ley de Agentes Extranjeros impuesta por la dictadura.
En una sentida carta pública fechada el 4 de febrero, la presidenta de PEN Nicaragua, Gioconda Belli, dio a conocer su desafiliación de PEN Internacional, obligada por la entrada en vigencia de la ley antes mencionada a la que sus miembros no deben ni quieren someterse. De hecho, según informó Gioconda Belli, desde 2018 el Ministerio de Gobernación no quiso extenderle a PEN Nicaragua la certificación de legalidad (lo mismo que a otras ONG cuya existencia no es del agrado de la dictadura), por lo cual no pudo ejecutar diversos proyectos culturales y de defensa de la libertad de expresión. Inclusive su cuenta bancaria fue cancelada.
Otros organismos de la sociedad civil consagrados a la defensa de los derechos humanos y las garantías democráticas de las personas, como por ejemplo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), fueron liquidados a raíz de la rebelión ciudadana de abril de 2018, mucho antes de que fuera dictada la ley para asesinar a las personas jurídicas que no gozan del afecto de la dictadura.
Asesinar, decimos, porque no solo se asesina (o sea que se mata con alevosía y ensañamiento) a las personas humanas, físicas y naturales, como las más de 300, incluyendo menores de edad y un bebé que fueron asesinadas en 2018 por la dictadura, para aplastar la rebelión popular. Se asesina también a las personas jurídicas, y la dictadura está asesinando a las ONG que defienden a los ciudadanos y a la gente en general, de las agresiones de un poder estatal criminal y despiadado.
De manera que es verdad lo dicho por Cristiana Chamorro, acerca de que la liquidación o el cierre de las organizaciones de la sociedad civil por la represión de la dictadura, es motivo de luto cívico nacional.
