Los nicaragüenses hemos venido enfrentando dos crisis en los últimos tres años, la crisis sociopolítica que inició en abril del 2018 y la crisis sanitaria del Covid-19 que enfrentamos desde el primer trimestre del 2019.
Resultado de estas crisis, pero principalmente de la sociopolítica, el país ha venido retrocediendo significativamente tanto en el ámbito de derechos humanos como en el ámbito socioeconómico.
En el caso de los derechos humanos, el país continúa con los derechos secuestrados; son 111 presos políticos los que hoy están en las cárceles del país; los asedios a opositores, expresos políticos y familiares de presos son el pan de cada día; las organizaciones políticas son restringidas en sus movilizaciones, coartando su derecho a la organización mientras el gobierno está en campaña todos los días; se siguen aprobando leyes violatorias de los derechos de todos los nicaragüenses, solo para mencionar algunas de las realidades que enfrentamos.
En el ámbito económico son tres años consecutivos de decrecimiento que han provocado que el PIB estimado de 11,850 millones de dólares con el que cierra el año 2020 representa una caída de aproximadamente un 14 % con relación al PIB del año 2017 (en términos nominales), que fue de 13,786 millones de dólares. Una caída de casi 2,000 millones de dólares.
Estos resultados nos han hecho retroceder en algunos de los principales indicadores económicos entre 6 y 10 años a como se observa en el PIB per cápita, la pobreza y los asegurados del INSS en los que hemos retrocedido a niveles del 2014 y la inversión extranjera, que estaría presentando resultados similares a los del 2010.
A esto hay que agregar que los resultados de algunas de las decisiones de las autoridades sobre la pandemia como es el caso de la centralización de las pruebas, o la no autorización del uso de las pruebas de antígenos del Covid, o los protocolos de bioseguridad que han implementado que nos tienen a niveles promedio de 1.1 vuelos al día tampoco están ayudando a que tengamos las mejores respuestas sanitarias o económicas derivadas de esta crisis.
La mayoría de los nicaragüenses sin distingos ideológicos hemos sido afectados por estas crisis. Sin embargo, este año nos brinda una oportunidad, ya que es año electoral. Es la oportunidad de buscar de una vez por todas una salida a la crisis sociopolítica de forma cívica y pacífica a través de los votos, escogiendo la racionalidad por encima de la intolerancia y pensando en el bien de todos y no de unos pocos.
Para que esto sea una realidad se necesita la construcción de dos carreteras en paralelo que converjan hacia un mismo destino: un proceso electoral creíble, justo y transparente.
La primera carretera es la reforma electoral. Dicha reforma referida a la esfera específicamente de la ley electoral. Dos documentos importantes que reflejan el tipo de reforma que se requiere son la resolución de la OEA del pasado mes de octubre y el decálogo del GPRE. Aquí es vital que se retome por parte del gobierno la asistencia técnica ofrecida por la OEA.
Entre los principales aspectos están el cambio de magistrados del Consejo Supremo Electoral, la cedulación de todos los nicaragüenses sin distingos, la depuración del padrón electoral, la despartidización de los organismos electorales, la transmisión en tiempo real de los resultados, procedimientos adecuados para la presentación y resolución de quejas sobre la conducta y los resultados electorales, y la observación electoral nacional e internacional independiente, entre otros.
La segunda carretera es la restitución de nuestros derechos que nos aseguren poder ir a un proceso electoral con las condiciones habilitantes necesarias. Para que esto se logre el gobierno debe cumplir con los acuerdos firmados con la Alianza Cívica el 27 y 29 de marzo del 2019.
Esto nos debe permitir, entre otras cosas, el derecho a organizarnos, a movilizarnos, a poder hacer proselitismo libremente, a recorrer el país con seguridad, a que cese la represión, a fomentar el civismo, no la violencia.
Sin embargo, solo una de esas dos carreteras es insuficiente. ¿De qué serviría una reforma electoral sin tener las condiciones habilitantes que permitan realizar una verdadera campaña electoral? ¿O de qué serviría poder realizar una campaña electoral entre comillas sin que cambien las cuestionadas condiciones electorales actuales? Ambas carreteras representan las condiciones básicas de cualquier proceso electoral democrático. Lo contrario solo significaría confrontación, retroceso y más pobreza.
Solamente la construcción de esas dos carreteras en paralelo es lo que podría iniciar el camino que nos conduzca hacia esa salida por la vía cívica y pacífica de la crisis sociopolítica que estamos viviendo. La otra parte le corresponderá al actuar de la oposición.
El autor es expresidente del Cosep.