Bajo el antifaz de un “anteproyecto de reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores”, las reformas propuestas presuponen una grave amenaza al sistema financiero nacional, según una carta enviada el pasado 28 de enero a la Comisión de Producción y Economía de la Asamblea Nacional por el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), Juan Carlos Argüello Robelo, quienes han sonado el pitazo de alarma.
Según el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri, los cambios a la ley traen “como objetivo que a los sancionados se les devuelvan sus cuentas para que puedan tener aquí el dinero, a pesar de lo que establece el Sistema Financiero Internacional”.
En su misiva a la Asamblea Nacional destacada en el diario La Prensa del lunes, Argüello expresa que la iniciativa pone en una situación muy delicada tanto a las instituciones financieras como a los usuarios “si se aprobara, seguramente nos dejarían de brindar servicios los bancos corresponsales, porque ellos establecen como requisito para mantener una relación comercial que los bancos deben de tener políticas de prevención de lavado de dinero con un enfoque basado en riesgo y el cumplimiento de las mejores prácticas y leyes internacionales y para eso es esencial poder elegir en qué segmentos, con qué productos y con quiénes iniciar o mantener relaciones”, afirmó el presidente de Asobanp.
Argüello alerta a los diputados oficialistas “que las relaciones de Nicaragua con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se verán afectadas al impedir que los bancos puedan realizar el debido análisis de riesgo de los usuarios y consumidores, para cumplir con la debida diligencia común enfoque basado en riesgo, tal como señala la recomendación 10 del GAFI y su nota interpretativa. Esto podría exponer a Nicaragua, como país, a pasar de la lista gris a la lista negra”.
La carta de Argüello a la Asamblea Nacional va con copia a Luis Ángel Montenegro, superintendente de la Siboif; Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua; mayor general Denis Membreño, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la junta directiva de Asobanp.
Resulta evidente, leyendo el texto del anteproyecto de ley, que se trata de un esfuerzo de proteger a los ciudadanos sancionados y empresas sancionadas a costa de las graves consecuencias que son previsibles para el sistema financiero nacional, de ser aprobada dicha reforma, aparte de que viola el principio constitucional de la libre empresa.
Estas reglas bancarias se han mantenido firmes y han sido la fortaleza del sistema financiero desde que se permitió la reapertura de la banca privada en Nicaragua desde 1990 tras el triunfo de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, luego de que las finanzas del país quedaron en las cenizas tras la pésima administración de Ortega, que dejó como herencia el país en bancarrota y una hiperinflación galopante.
En su edición del pasado lunes, el diario La Prensa hizo una consulta a varios expertos financieros, quienes advirtieron que si el régimen de Ortega usa ese ley para obligar a los bancos a volver a manejar el dinero del grupo de sancionados, se estarían violando leyes internacionales en cuanto al lavado de dinero y ello podría traer consecuencias graves para las remesas familiares, transacciones comerciales y otros negocios.
En breve, podría darse un bloqueo internacional al Sistema Financiero Nicaragüense con consecuencias nefastas para nuestra ya maltrecha economía. Ojalá los legisladores sandinistas antepongan los intereses nacionales a sus intereses personales y no coadyuven a dejar nuevamente la economía en bancarrota con un “jaque mate” al sistema financiero nacional.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.
