El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha reiterado su demanda del restablecimiento de la democracia en Nicaragua.
En un comunicado que dio a conocer este lunes 1 de febrero, esa cúpula empresarial llamó al régimen de Daniel Ortega a poner en marcha el proceso de las reformas electorales que permitan la realización de elecciones libres, limpias y competitivas, observadas por organismos internacionales competentes. Además, el Cosep demanda la reversión de las medidas económicas dictadas por el régimen, que solo causan inestabilidad e inseguridad en el gremio empresarial y, por lo tanto, en toda la economía nacional.
“Es impostergable, y así lo debemos demandar todos —se dice en el comunicado del Cosep— , que el Gobierno inicie a trabajar en función de los intereses de todos los nicaragüenses, y no los de su partido. Nicaragua es de todos y como tal, tenemos derecho a una sociedad donde impere la democracia, la justicia, el respeto de los derechos humanos y podamos trabajar unidos en generar bienestar y desarrollo para todos”.
Algunas personas suspicaces han comentado que el Cosep ha hecho esa declaración, hasta después de que el nuevo gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) dio a conocer su posición sobre las próximas elecciones en Nicaragua; la cual fue expresada a fines de enero por Juan González, el nuevo director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional y un asesor político muy importante del presidente Joe Biden.
Pero la demanda democrática del Cosep y del sector empresarial en general ha sido firme y consistente desde abril de 2018, cuando rompieron el acuerdo de cooperación que tenían con el régimen orteguista en protesta por la brutal represión con la que este respondió a las protestas pacíficas de las personas de la tercera edad, y los estudiantes que las respaldaron, por la aprobación unilateral de una injusta y fallida reforma del régimen de pensiones del Seguro Social.
El gremio empresarial, por medio del Cosep y AmCham participó en el diálogo nacional de mayo y junio de 2018, cuando se le pidió la renuncia a Daniel Ortega para que se pudiera resolver la crisis de gobernabilidad y comenzar la transición a la democracia. Con este mismo objetivo las cúpulas patronales participaron también en el siguiente diálogo político, el de 2019 en el Incae, y fueron parte de los acuerdos de marzo de ese año en los cuales el régimen se comprometió —pero no cumplió— a vaciar las cárceles de presos políticos y restablecer los derechos y las garantías constitucionales de todos los nicaragüenses.
Es importante recordar que a mediados de septiembre de 2019 el Cosep realizó en el Incae el II Encuentro Empresarial, en el cual se aprobó el documento Unámonos por Nicaragua que contiene 15 puntos para “contribuir a la consolidación de la democracia, retomar el camino de la prosperidad del país y alcanzar la justicia y seguridad para todos los nicaragüenses”.
El sector empresarial se mantiene fiel a esos compromisos. Y como lo hemos dicho anteriormente, su participación en la lucha por la recuperación de la democracia es garantía de responsabilidad política para que no se vuelva a caer, como en 1979, en otra dictadura.
