El régimen de Daniel Ortega pretende ampliar de 15 a 90 días el tiempo de detención a un sospechoso, a través de una iniciativa de reforma presentada este miércoles ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, órgano bajo el control de los diputados orteguistas.
La iniciativa de reforma y adición al Código Procesal Penal (Ley 406) cambia los artículos 253 y 256 de esa ley, que actualmente establece que “dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención, las autoridades correspondientes presentarán a la persona detenida ante el juez, para la realización de la Audiencia Preliminar, la cual se realizará inmediatamente”.
La propuesta de adición al artículo 253 de la Ley 406 establece que “la autoridad judicial determinará mediante auto la procedencia de la solicitud y señalará de forma expresa el plazo razonable para la investigación complementaria, el cual no podrá ser menor de 15, ni mayor de 90 días, la autoridad judicial tomará en consideración la gravedad del hecho, la complejidad de la investigación, la pluralidad de afectados, imputados o conductas, cuando la investigación se trate de delitos vinculados al crimen organizado, o se trate de delitos de relevancia social y trascendencia nacional y cualquier otra información o elemento de prueba que ayude a fundamentar la procedencia de la solicitud”.
Fenómeno de los “presos sin condena”
La abogada y presidenta del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó que esta iniciativa debe ser estudiada más a fondo, pero a simple vista se puede valorar que es una violación a la justicia rápida y tiene una “intencionalidad persecutoria” si se toma en cuenta el antecedente de que el régimen usa el sistema legal para criminalizar las acciones de los opositores.
“Cuando se alarga un proceso se violenta el principio de la justicia rápida. Una de las características de la justicia tiene que ser su acceso rápido, pero con esta reforma estarían prolongando la prisión preventiva. Con esto están reproduciendo un fenómeno que con las reformas procesales y penales en toda latinoamérica se estaba eliminando, que es el fenómeno de los presos sin condena”, manifestó Núñez.
La defensora de derechos humanos observó particularmente en la iniciativa de reforma, el establecimiento de una mayor investigación para los “delitos de relevancia social y trascendencia nacional” (propuesta de adición al artículo 253). Para Núñez es un elemento discrecional característico del sistema orteguista. “Ese es un elemento persecutorio, porque eso se presta a una aplicación discrecional terrible y por eso es persecutoria (la iniciativa al Código Procesal Penal)”, dijo Núñez.
“Ese es un elemento persecutorio, porque eso se presta a una aplicación discrecional terrible y por eso es persecutoria”, dijo Núñez.
La iniciativa denomina “detención judicial” a esta prolongación de la prisión preventiva, precisó Núñez.
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El abogado y experto en derechos constitucional, José Pallais Arana, valoró que la detención por más tiempo de un sospechoso, significa que estará preso sin que haya certeza de su culpabilidad, lo que es violatorio a los principios constitucionales establecidos en los artículos 33 y 34 de la Constitución Política, sobre las garantías de los detenidos y la presunción de inocencia.
Pallais aseguró que este procedimiento de prolongar el acceso a la justicia, es una copia del modelo venezolano, denominado “investigación complementaria”.
“Con esta etapa de investigación complementaria, a las 48 horas ya no se necesita acusar, sino que a las 48 horas te presentan ante el juez, pero después viene el juez y dice que no hay elementos todavía y que están buscando los elementos para acusar, entonces podés perfectamente no haber cometido ningún delito y te tienen 90 días detenido siendo inocente. A los 90 días dicen: bueno nos equivocamos”, expresó Pallais.
El experto agregó que la propuesta orteguista “tiene la finalidad de continuar usando al poder judicial como una herramienta de represión”.
Argumento
La iniciativa de reforma expone a manera de argumento que “Nicaragua es el único país que restrictivamente tiene que presentar la acusación en el corto plazo de 48 horas cuando la persona está detenida”, lo que, según la iniciativa, “limita realizar una investigación exhautiva que permita recopilar información y elementos de prueba que sustenten objetivamente el ejercicio de la acción penal respetando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”.
También exponen que “la práctica demuestra que no es posible llevar a cabo una investigación técnica y científica”, porque, según la iniciativa, “los resultados parciales decisivos para determinar una acusación no están en 48 horas, debido a criterios y protocolos que requieren para su elaboración….”.
Aunque el régimen orteguista aparentemente quiere seguir el procedimiento legal para aprobar esta reforma, desde 2018 las detenciones de opositores son de más de 48 horas sin que en ese período sean acusados o presentados ante un juez, además de otras irregularidades y violaciones a los derechos humanos que constantemente denuncian los defensores legales de los detenidos por protestar o manifestarse contra Ortega.
Esto se debe a que el sistema judicial del país también responde a los intereses del partido gobernante FSLN, al igual que el Legislativo.
La iniciativa de Ley de reforma al Código Procesal Penal fue presentada este miércoles por la diputada sandinista Maritza Espinales. La Asamblea Nacional es un órgano controlado por la bancada del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a través de su mayoría de 70 diputados, por lo cual todas sus iniciativas y propuestas de ley son aprobadas sin ningún problema ni oposición.
Esta nueva reforma se viene a sumar a un combo de leyes que han venido aprobando los diputados orteguistas desde el año pasado, para reprimir, limitar y criminalizar las acciones de los opositores, la libertad de expresión y libertad de manifestación.