El 13 de enero, la Alianza Cívica y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) dieron a conocer una declaración en la cual asumieron el compromiso de iniciar “un trabajo conjunto para la construcción de la alianza opositora amplia e incluyente que una a ciudadanos, organizaciones y sectores alrededor de una propuesta de gobierno con visión de Nación, por el bien de la Patria…”
Este es un compromiso de singular importancia. Pero de sentido común y realismo político, porque no tiene que ser muy difícil entender que para enfrentar con posibilidad de éxito a la dictadura, se requiere el esfuerzo unido de todos los sectores sociales, movimientos y partidos políticos que quieren la recuperación de la libertad y el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.
No se trata de unidad ideológica. Esta clase de unidad es necesaria para constituir un partido político, no para formar una alianza de sectores y personas que piensan de manera distinta sobre muchas cuestiones, pero coinciden en un gran objetivo común como es sacar del poder a la dictadura y abrir el camino a la reconstrucción de la democracia republicana.
Se trata, como escribió Pedro Joaquín Chamorro Cardenal —porque este problema siempre ha estado presente en Nicaragua, un país que ha ido a la deriva, de dictadura en dictadura—, de “luchar juntos para evitar que se destruya la República, para luego, ya dentro de esta última, oponer entre las diferentes facciones idea contra idea, pensamiento contra pensamiento, permitiendo que el pueblo escoja realmente, verdaderamente, lo que más le simpatice”. (“Hay que insistir siempre en la unión”, editorial de LA PRENSA del miércoles 25 de mayo de 1966).
Las experiencias de las últimas tres décadas han demostrado claramente el inmenso rédito político que produce la unidad opositora democrática, pero también la enorme consecuencia negativa de la desunión. En febrero de 1990, gracias a la unidad opositora se derrotó a la primera dictadura de Daniel Ortega y el FSLN; pero en 2006, por la división del voto democrático Ortega recuperó el poder y restauró la dictadura que ahora, sin guerra, es peor en muchos aspectos que las anteriores, somocista y sandinista.
Algunos políticos opositores mencionan que en las elecciones de 1990, aparte de la UNO que agrupaba a 14 partidos de todo el espectro ideológico y político del país, participaron otros 8 partidos opositores y esto no impidió la derrota del sandinismo. Y sostienen que en las elecciones de 1996 participaron 22 partidos antisandinistas, pero la alianza del PLC ganó con más del 50 por ciento de los votos. Lo importante, aseguran, es que haya una opción, partido o alianza, que cautive a la mayor parte del antisandinismo, que es la mayoría de la población, para derrotar otra vez a Ortega.
Quienes así piensan no toman en cuenta o no le dan importancia a la experiencia funesta de 2006. Ni reconocen la posibilidad real de que otra división opositora le daría nuevamente la victoria a Daniel Ortega y al sandinismo.
De manera que si es sincera la declaración de CxL y la Alianza Cívica —y suponemos que lo es—, de que van a trabajar juntos por “la construcción de una alianza opositora amplia e incluyente”, deben pasar de las palabras a los hechos. Así como se reunieron y coincidieron con un movimiento de la diáspora, deberían convocar a todos los demás sectores de oposición que hay dentro y fuera del país.
