Los múltiples beneficios y leyes que se aprobaron para darle oxígeno a la empresa distribuidora Disnorte-Dissur en los últimos siete años no sirvieron de nada y con estados financieros en negativo el régimen de Daniel Ortega decidió nacionalizarla por un año, mientras encuentra a un inversionista interesado en la empresa, que por siete años estuvo en manos del consorcio español TSK-Melfosur, quienes nunca dieron la cara por esta. Es más, en febrero de este año, 10 meses atrás, la empresa con sede en España informó a LA PRENSA que se había retirado de Nicaragua, lo que deja la primera pregunta sin contestar: ¿Quién ha manejado la distribuidora todos estos meses?
Aún queda la duda de cómo el régimen logró tomar el control del 84 por ciento de las acciones de la empresa distribuidora. Es difícil creer que si TSK Melfosur pagó 57.8 millones de dólares en 2013 por el 84 por ciento de las acciones, se haya ido en febrero de este año dejando esa inversión abandonada. ¿A quién le vendió TSK Melfosur?
La ley justifica que las acciones pasan a ser propiedad del estado porque estas son de interés nacional, pero nadie explica si las acciones fueron expropiadas, tuvo que haber una indemnización, pero la ley no dice de cuánto ni a quién. Si fue una confiscación, nadie ha protestado por la acción, que deja un enorme vacío de información para la población.
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El Estado asume más deudas y no hay garantía de que la tarifa bajará
El economista Javier Mejía, del Centro Humboldt expresó que otro factor preocupante es que con esta maniobra el Estado se está echando en el hombro los problemas de iliquidez que maneja la empresa desde hace varios años.
“Cuando el país decide asumir la distribución, tiene que hacerse cargo de todas las deudas y costos, hay que recordar que el año pasado, cuando se hizo una reforma a la ley para enjuiciar a los morosos, en ese momento se dijo que la distribuidora tenía un gran déficit”, dijo Mejía.
Mejía manifestó que en Centroamérica, sólo Costa Rica y Honduras, son estatales las empresas distribuidoras, aunque el manejo en ambos países ha sido muy distinto y lo único que tienen en común son las altas tarifas. Por lo que no se puede esperar que un sistema nacionalizado sea garantía de una reducción en las tarifas de energía que ya están entre las más altas de Centroamérica.
En Honduras la empresa distribuidora enfrenta problemas financieros y las pérdidas comerciales ascienden a un 31 por ciento, mientras que en Costa Rica el Estado ha invertido en las redes y posee solo un 13 por ciento en pérdidas.
Pero además el economistas explica que aunque Nicaragua había privatizado la distribución de energía, en el mercado había un monopolio, cuando en el resto de países de la región donde la distribución es privada, hay más de dos empresas operando y esa competencia incide en la tarifa.
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Ortega tiene el control del sistema eléctrico
Por su parte Patricia Rodríguez, consultora en temas energéticos, manifestó que lo que se hizo fue oficializar algo que venía ocurriendo.
“La nacionalización de Disnorte-Dissur fue hecha por ley, pero ya era algo anunciado desde hace varios años, yo diría desde que se puso a una sola persona como Ministro de Energía y a su vez como presidente de Enatrel, desde ahí se veía lo que nosotros le llamamos la integración vertical de la industria eléctrica, es decir que no se manejaba de manera diferente los segmentos de generación, transmisión y distribución”, dijo Rodríguez.
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Por otro lado Rodríguez explicó que en estos últimos años se vio un deterioro marcado en la calidad del servicio, tanto en aspectos técnicos como comerciales, al punto que en algunas zonas del país se han dado apagones con frecuencia .
“Hay muchas micro interrupciones, los indicadores de calidad del servicio que publica el INE no son realmente lo que ocurren en la realidad, y cuando se daban disturbios en la red regional, todos los países logran restablecer el servicio en media hora y aquí pasamos hasta seis hora sin energía, y lo peor del caso es que han aumentado las quejas y al final la empresa no las acepta y el INE tampoco y cuando el ente regulador comienza a resolver todos los reclamos a favor de la distribuidora, estamos en un deterioro de las relaciones comerciales”, dijo Rodríguez.
Para evadir sanciones
Para el economista Juan Sebastián Chamorro, es claro que este movimiento lo están haciendo para evadir sanciones, puesto que la empresa ha operado bajo la sombra del régimen.
“A mi parecer son movidas para que prevén algún tipo de sanciones a esta empresa, tenemos que recordar que la empresa comercializadora de energía ha sido la vaca que ha exprimido la dictadura por todos estos años. Además hay antecedentes, esto lo vimos en años anteriores con Albanisa, Bancorp y las (gasolineras) DNP”, dijo Chamorro.
Por su parte, el presidente de la Cámara Americana de Comercio, Mario Arana, considera que “lo que se ve es que la están preparando para que alguien que sepa del negocio la agarre, porque la operación que se hizo de quitarle la empresa a Gas Natural y a Unión Fenosa (en 2013), resultó ser un fracaso”.