Mientras persiste el silencio del régimen sobre qué mecanismos utilizó para que el Estado de Nicaragua se hiciera del control total de las acciones del grupo español TSK Melfosur en la distribuidora de energía Disnorte-Dissur, la Ley que ejecuta esa transacción entró en vigencia este 22 de diciembre al publicarse en La Gaceta, Diario Oficial.
La Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense, aparece en La Gaceta un día después de que 75 diputados del orteguismo y sus aliados del PLI-ALN y Apre la aprobaran en una sesión extraordinaria. El trámite expedito fue solicitado por el dictador Daniel Ortega quien mandó la iniciativa a la Asamblea Nacional, sin que explicar cómo y por qué el 83 por ciento de las acciones de la empresa eléctrica que eran de TSK Melfosur pasaron a manos del Estado.
Otra de las respuestas que se niegan a dar las autoridades es quiénes han estado manejando la distribuidora de energía desde febrero del 2020, cuando directivos del grupo español confirmaron a LA PRENSA que ya no tenían relación de negocios en Nicaragua.
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LA PRENSA por segundo día buscó al director de Comunicaciones de la empresa eléctrica, Jorge Katín, pero éste no contesta las llamadas telefónicas.
En el 2013, la también española Gas Natural Fenosa vendió sus acciones en Disnorte-Dissur tras enfrentar fuertes presiones de parte del régimen de Daniel Ortega que se negó a flexibilizar normativas que le permitieran reducir las pérdidas que la empresa aseguraba tener. En aquel momento se anunció que Gas Natural – Fenosa había vendido el 83 por ciento de las acciones a TSK-Melfosur, también española, por 57.8 millones de dólares.
Al retirarse TSK-Melfosur en febrero, nadie explicó en manos de quién quedaba el 83 por ciento de las acciones ni el precio de venta de las mismas.
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Lo único claro era que el Estado se quedaba con poco más del 16 por ciento de las acciones y en aquel momento el representante del Estado ante la Junta Directiva de la distribuidora era Francisco López, el tesorero del Frente Sandinista y presidente del estatal Petronic y vicepresidente de Albanisa. López estuvo formalmente en ese puesto hasta que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en julio del 2018; en enero de 2019 también fue sancionada Albanisa.
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