La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió este miércoles una notificación de advertencia contra la activista y directora de la Fundación Popol Na, Mónica López Baltodano, informándole sobre una amonestación que desde 2018 emitió ese poder del Estado en su contra por el retardo en la entrega de su índice protocolario, correspondiente al 2016, como notaria pública.
Según expuso López Baltodano a LA PRENSA, en la notificación que le fue entregada mientras participaba en la presentación del informe «Análisis sobre la Libertad de Asociación en Nicaragua (2007-2020)», se le informa que la Inspectoría Judicial de la CSJ abrió un proceso en su contra en 2018, cuya resolución se dio el 9 de julio de ese mismo año.
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No obstante, la activista de la sociedad civil cuestionó que «me notifican hoy 16 de diciembre de 2020, es decir, 27 meses después de haberla emitido (resolución), justo el día que estamos presentando nuestro informe sobre libertad de asociación».
Según la notificación, la Dirección General de Inspectoría Judicial de la CSJ, tras recibir el recibo del índice del Protocolo Notarial Número Tres que llevó en 2016 López Baltodano «se observó que fue presentada el día 8 de febrero del año 2017, incumpliendo lo ordenado en la Ley del Notariado en su artículo 15 numeral 8».
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«Este Consejo le hace un llamado de atención a la licenciada Mónica Augusta López Baltodano en aras de que la Notario Público, en lo sucesivo sea fiel observante de las leyes y normas que rigen la Institución del Notariado y en base al Arto. 3 del Decreto N. 1618 y proceda con prudencia, diligencia, responsabilidad en el ejercicio del notariado», señala la notificación de la CSJ.
Amenaza al ejercicio de su profesión
Para López Baltodano —quien dirige a la ONG Popol Na, y que fue despojada arbitrariamente de su personería jurídica a finales de 2018 por apoyar las protestas contra el régimen orteguista— esta notificación representa «un intento de amenazarme con suspenderme en el ejercicio de mi profesión como abogada y notario público».
«Y a la vez es una forma de reiterar de que pueden abrirle proceso a cualquier persona en el país sin tener ninguna causa real, además de hostigarme en mi propia casa, en donde ya en varias ocasiones ha venido la Policía a pretender intimidarme a mí y a mi familia», cuestionó la afectada.
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López Baltodano aseguró que ante la falta de un órgano de justicia independiente en el país, todos los actos de hostigamiento y advertencias como la del miércoles las está enviando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «porque tengo medidas cautelares y para que queden documentados todos los atropellos en mi expediente ante esa instancia regional de derechos humanos».
López Baltodano se exilió en Costa Rica en octubre de 2018 tras recibir amenazas de muerte por parte de una red de sicariato de la dictadura.
Las amenazas contra López también se dieron por asesorar durante varios años al Movimiento Campesino. La activista es hija de la excomandante guerrillera Mónica Baltodano y del reconocido politólogo Julio López Campos, además es sobrina del docente y dirigente sindical de la Universidad Politécnica (Upoli), Ricardo Baltodano, detenido de forma arbitraria y procesado por terrorismo y quien, pese a que fue excarcelado, aún continúa siendo objeto de asedio policial en su vivienda.
