Líderes opositores y observadores políticos independientes, declararon públicamente su frustración porque la Asamblea Nacional clausuró su período legislativo 2020 sin haber puesto a discusión —ni aprobado en primer debate— las reformas constitucionales que ellos consideraban indispensables para una reforma electoral democrática. Se trata de una frustración buscada.
Entre las reformas constitucionales que la oposición quería que fueran aprobadas este año en primer debate —como manda la misma Constitución—, incluyeron principalmente la prohibición de la reelección y de la sucesión dinástica en el poder presidencial, establecer el requisito de más del 50 por ciento de los votos válidos para la elección del presidente de la República, y el cambio democrático integral del poder electoral.
No cabe duda de que esas reformas constitucionales —y muchas otras más— son necesarias para constituir un Estado democrático de derecho en Nicaragua. Sin embargo no son imprescindibles para una reforma electoral que dé las garantías jurídicas y políticas indispensables para que los comicios del próximo año sean creíbles y confiables. Las reformas constitucionales democráticas tendrán que ser tarea de un gobierno de transición que sustituya en el poder a la dictadura de Daniel Ortega. No es realista creer y esperar que con Ortega en el poder se podrían realizar unas transformaciones constitucionales que erradicarían todo el sistema dictatorial.
Para lo que puedan valer la historia y la experiencia nacional de procesos políticos similares, cabe recordar que la demanda de un paquete de reformas constitucionales democráticas fue un factor clave para la formación de la Unión Nacional Opositora (UNO), que le propinó la histórica derrota a la primera dictadura sandinista en las elecciones de febrero de 1990.
Después de firmar los acuerdos de Esquipulas II, en agosto de 1987, en los cuales Daniel Ortega se comprometió a impulsar un proceso de democratización en Nicaragua, la dictadura sandinista convocó a los partidos de la oposición a un diálogo nacional. Pero Ortega puso como condición que todos los partidos opositores debían ponerse de acuerdo y presentarle una sola propuesta, pues por separado no dialogaría con ninguno de ellos.
Los partidos políticos opositores que iban desde comunistas y socialistas marxistas hasta conservadores y liberales tradicionalistas, lograron unirse alrededor de una propuesta de 17 puntos de reformas constitucionales democráticas, con la cual todos estaban de acuerdo. La propuesta fue llevada primero al Diálogo Nacional, en noviembre de 1987, y en febrero de 1988 fue presentada institucionalmente en la Asamblea Nacional.
Pero la oposición no condicionó la aprobación de la reforma constitucional para participar en las elecciones de 1990.
Para esto solo hubo una reforma de la Ley Electoral. Las reformas constitucionales fueron aprobadas 5 años después de que la UNO ganó las elecciones y consiguió la mayoría en la Asamblea Nacional.
