El lunes de la presente semana, el Colegio Electoral de Estados Unidos (EE. UU.) confirmó como ganadores de la elección presidencial y vicepresidencial del 3 de noviembre pasado, a Joe Biden y Kamala Harris respectivamente. No cabía, razonablemente, esperar lo contrario.
Biden obtuvo 306 votos, la misma cantidad que consiguió en 2016 el presidente Trump, quien ahora, al aspirar a la reelección obtuvo solo 232 votos. Pero la diferencia con la cual ganó Biden no ha sido lo más importante en esta histórica contienda. Lo verdaderamente significativo es que la democracia estadounidense ha vuelto a prevalecer, después de pasar por una dura prueba o más bien una gran interrogante, por las denuncias de Trump de que hubo un gran fraude electoral. Con su alegato Trump recurrió ante la Corte Suprema, en la cual la mayoría de los jueces son de la llamada corriente conservadora. Pero hasta la recién nombrada jueza Amy Coney Barrett —quien fue nominada por Trump y denigrada por sus adversarios—, votó como manda la ley y no por interés político.
Desde que comenzó el período presidencial de Donald Trump, en enero de 2017, sus detractores dijeron que por su talante autoritario, lenguaje confrontativo y disposiciones arbitrarias, representaba una grave amenaza a la democracia de EE. UU. Pero en ese país que desde su nacimiento a fines del siglo XVIII fue un modelo de democracia republicana, y lo sigue siendo hasta ahora, las instituciones prevalecen siempre que son amenazadas por algo o alguien. En EE. UU. existe un poder institucionalizado y funcionan allí la democracia y el Estado de derecho, de manera que una persona y en este caso un gobernante, por muy poderoso y autoritario que sea no puede imponer su voluntad y menos su capricho.
Esto ocurre solo en países como Nicaragua, donde el gobernante no se somete a la Constitución y la ley sino que actúa arbitrariamente, conforme a lo que él cree que se debe hacer, y punto. Por eso es que con toda razón se dice que uno de los índices principales que miden o determinan el desarrollo político de los pueblos y países, es el grado de conversión del poder personal e individual en poder impersonal de las instituciones y de la ley.
En Nicaragua, el poder judicial y el legislativo hacen solo lo que les ordena Daniel Ortega, el dictador militarista arbitrario y todopoderoso que se siente dueño del país y de la vida y hacienda de todos los nicaragüenses. Lo mismo ocurre con el Consejo Supremo Electoral, cuyos magistrados y demás miembros ejecutan obedientemente la orden del dictador de reelegirlo una y otra vez, y de asignar a su partido FSLN la mayoría que él quiera en la sometida Asamblea Nacional.
Casi 200 años después de su independencia nacional Nicaragua es un país políticamente primitivo, donde no hay institucionalidad y el caudillo todopoderoso es presidente, legislador, juez, jefe militar y policial y, como dice Rodrigo Borja, hasta hechicero y sacerdote. Y quienes se le oponen tienen que atenerse a las consecuencias.
