De Europa y Estados Unidos (EE.UU.) llegaron al mismo tiempo nuevas noticias sobre sanciones internacionales.
En EE.UU., dos personalidades históricas del Partido Demócrata —el cual volverá a gobernar a partir del próximo 20 de enero—, David E. Bonior y Michael D. Barnes, pidieron al presidente electo Joe Biden mantener las presiones al régimen de Daniel Ortega, hasta que garantice la celebración de elecciones libres, justas, limpias.
Bonior y Barnes en los años ochenta fueron jefe de la mayoría y presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, respectivamente. En esa condición bloquearon la ayuda de EE.UU. a la Contra y abogaron por la solución democrática del conflicto nicaragüense.
“Hoy, Nicaragua se encuentra en una encrucijada otra vez —dicen los exlíderes parlamentarios demócratas—. El Gobierno de Ortega continúa negándose a tomar pasos hacia las elecciones libres y justas de Noviembre del 2021. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por el gobierno han sido documentadas ampliamente por organizaciones internacionales respetadas, y miles de nicaragüenses han huido como refugiados y han sido exiliados”.
Al mismo tiempo se conoció la información de que el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobó un régimen legal para sancionar a violadores de derechos humanos a nivel mundial, particularmente a aquellos a quienes se les repute responsables de tortura, ejecuciones extrajudiciales, genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Al conocer esta noticia, los comentaristas internacionales han señalado que esto significa que la UE se apresta a sancionar a los regímenes dictatoriales de Bielorrusia en Europa y Venezuela y Nicaragua en América, los que más han violado últimamente —y siguen violando— los derechos humanos.
La UE ya tiene un régimen legal especial para sancionar a la dictadura de Nicaragua, que de hecho ya fue aplicado en mayo pasado a los altos mandos de la Policía Orteguista: Francisco Díaz, Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Ramón Avellán; así como al consejero de seguridad de Daniel Ortega, Néstor Moncada, y a la exministra de Salud, Sonia Castro. A quienes se podrían agregar otros más en tanto la dictadura siga negándose a aceptar su obligación de derecho internacional, de celebrar elecciones libres, justas y transparentes.
Ahora bien, cada vez que se habla de sanciones internacionales se comenta que en la realidad estas no hacen ceder a las dictaduras. Y se menciona como ejemplos a Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte, entre otros regímenes que han sido sancionados pero muy poco o nada han cambiado.
Eso es cierto. Sin embargo, también hay que mencionar que en algunos casos las sanciones sí han funcionado y ayudado a producir cambios democráticos, como en Rodesia, Sudáfrica y Haití. Y funcionaron en Nicaragua en los años ochenta, cuando ayudaron a persuadir a la primera dictadura orteguista de que debía abrirse a una solución democrática del conflicto nacional.
Y en todo caso, sería peor que las dictaduras cometan sus atrocidades sin pagar ninguna consecuencia.
