Coincidiendo con el inicio de la campaña nacional Navidad sin presos políticos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, dio a conocer el informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”.
El informe, dado a conocer este miércoles 2 de diciembre, describe los horrores sufridos en las cárceles de Daniel Ortega por 1,614 presos políticos, desde el 18 de abril de 2018 hasta el 31 de mayo de 2020. Y señala que para esa fecha 90 personas seguían encarceladas por motivos políticos, las que ahora son 118, según sus familiares.
La CIDH denuncia que contra los familiares de los presos políticos persiste “una práctica sistemática… de hostigamiento, amenazas, intimidación y denegación de justicia, especialmente por la angustia e incertidumbre generadas por las graves condiciones de detención y la toma de represalias contra las personas detenidas”.
De igual manera indica que la población nicaragüense en general “sigue afectada por la continuación de una práctica recurrente de detenciones arbitrarias y la imposición de un estado policial que mantiene cerrados los espacios de participación democrática, y seriamente restringidas o suspendidas de hecho las libertades públicas”.
Ciertamente, en este momento el mejor ejemplo de esta situación es el de la familia Montenegro, de Wiwilí, que sigue siendo martirizada por la dictadura con cuatro de sus miembros asesinados.
El operativo policial contra una vivienda de la familia Montenegro, ocurrido el lunes 30 de noviembre, filmado y difundido por redes sociales, parecía sacado de una película de terror sobre las atrocidades de los nazis en Alemania.
Ahora la CIDH demanda otra vez la libertad de todos los presos políticos de Nicaragua, que se ponga fin a “las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes se manifiestan contra el gobierno”; y que las detenciones se ejecuten de conformidad con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza policial.
Así como la dictadura no deja de reprimir a los ciudadanos que ejercen sus derechos de oposición y manifestación pública pacífica, la CIDH tampoco deja de condenar la represión y pedir la libertad de los presos políticos.
De igual modo se ha pronunciado en diversas ocasiones el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para quien la situación de los presos políticos en Nicaragua es “intolerable e inhumana”. En vísperas de la Asamblea General de la OEA en octubre pasado, Almagro denunció en un comunicado que “todos los presos políticos han sido presentados públicamente como criminales y no han tenido acceso a un proceso judicial justo, siendo violentado así el principio de presunción de inocencia y todas sus libertades fundamentales”.
Por respeto a los derechos humanos, en atención a las demandas de la comunidad internacional y al clamor de las madres y demás familiares de los presos políticos, y por espíritu de Navidad si esto fuera posible en Ortega y Murillo, deberían dejar en libertad a todos los prisioneros políticos y de conciencia que tienen encarcelados.
