El general Mario Alberto Rozas Córdova, jefe de Carabineros de Chile, renunció a su cargo luego de que oficiales de la policía militarizada dispararan con armas de fuego en el interior de un hogar del Servicio Nacional de Menores, hiriendo a dos adolescentes que fueron trasladados de emergencia a un hospital estatal de Talcahuano (zona central). Fue un hecho grave que puso en riesgo la vida de las víctimas y de muchas otras personas. El propio presidente de Chile, Sebastián Piñera, suspendió su agenda de trabajo, ordenó de inmediato una investigación y exigió un informe sobre la verdad.
La institución policial Carabineros enfrenta denuncias de violaciones a los derechos humanos por su actuar desmedido contra las manifestaciones sociales que estallaron en Chile en octubre del año pasado. Algunos legisladores de oposición pidieron en su momento la salida del general Rozas, señalado de dirigir operativos policiales con exceso de fuerza, so pretexto de controlar a los protestantes, algunos de ellos extralimitados en el derecho a la protesta cívica.
En marzo del presente año, el Consejo de Reforma a Carabineros, integrado por civiles, expertos independientes en derechos humanos, exministros de seguridad pública, especialistas de prestigio y funcionarios de alto nivel, entregaron al presidente de la República la propuesta de reforma policial que tiene un enfoque transversal esencial: “El respeto absoluto de los Derechos Humanos debe ser un principio consagrado en toda la carrera policial, desde el ingreso, durante la formación inicial y continua y debe constituirse en un factor fundamental para la toma de las decisiones de ascensos y retiros de la institución”.
Es una muestra de que Chile está superando una compleja crisis sociopolítica que tiene su raíz en la exclusión y la inequidad social. Y la clave está en la voluntad de encontrar, como sociedad, soluciones concertadas e inclusivas. En menos de dos años habrá una nueva Constitución sometida a la aprobación popular que será la base para un modelo económico y social más equitativo y respetuoso de los derechos humanos.
En Nicaragua este tipo de procesos son al revés. Aquí la Policía Orteguista tiene como director al comisionado general Francisco Díaz Madriz, sancionado por los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y por el Consejo de la Unión Europea, responsabilizado de una represión sangrienta desde abril del 2018, con centenares de arrestos injustificados, prisioneros torturados, decenas de desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales, incluyendo a niños, y en general, graves abusos a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua. Otros tres jefes policiales también han sido objeto de sanciones internacionales. Hasta ahora ninguno ha renunciado, ni ha sido destituido, ni investigado por los crímenes de lesa humanidad que, en diciembre del 2018, señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Las diferencias entre el hoy general en retiro Mario Rozas, exjefe de Carabineros de Chile, y el comisionado general Díaz, director de la Policía Orteguista de Nicaragua, son muchas. El primero se vio obligado a renunciar por abuso policial contra dos adolescentes, ocurrido en una ciudad a 520 kilómetros de Santiago. Díaz en cambio no ha renunciado, aunque se contabilicen más de 320 personas asesinadas, un centenar de presos políticos y operativos desproporcionados de acoso a la oposición.
Chile es un país democrático que está tratando de resolver sus problemas de gobernabilidad por la vía del entendimiento, en cambio, Nicaragua tiene un régimen dictatorial que promueve la violación a los derechos humanos y protege las atrocidades de la Policía Orteguista. Como en Chile, en Nicaragua llegará el momento de una reforma profunda para dignificar y reconstruir el proceso de profesionalización de la Policía.
