El movimiento Acción Universitaria continúa con su lucha por lograr el reintegro de los jóvenes que fueron expulsados de las aulas de clases tras haber participado activamente en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018. Este viernes 27 de noviembre presentó un informe donde aborda a detalle la violación a los Derechos Humanos de los estudiantes y asimismo dimensiona el impacto negativo con la represalia académica.
La exposición del informe estuvo a cargo de Elthon Rivera, presidente de Acción Universitaria y uno de los expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), quien presentó una base de datos que el movimiento ha elaborado y se convierte en un instrumento indispensable para mantener la denuncia a nivel nacional e internacional.
«Seguimos haciendo ver a la población lo que está ocurriendo con los estudiantes expulsados y vamos a seguir procesos. Ahora viene uno que vamos a hacer nuevamente con la UNAN-Managua donde le vamos a remitir un documento para que ellos verifiquen, rectifiquen los casos a sabiendas que probablemente la respuesta va a ser negativa, pero seguimos insistiendo porque para que haya justicia, hay que ser perseverantes, constantes, como hemos hecho con todos estos procesos de denuncia, de revisiones y que hemos llevado los casos a nivel internacional. Vamos a seguir ejerciendo presión», aseguró Rivera.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su momento recibió la denuncia de 144 expulsiones de universitarios en el contexto de la crisis sociopolítica, pero el régimen orteguista solo oficializó 95, de los cuales 82 fueron de la UNAN-Managua y 13 de la UNAN-León. En una investigación desarrollada el año pasado por LA PRENSA durante cuatro meses y publicada en el mes de noviembre, se comprobaron 109 casos entre la casa de estudio superior de Managua y León.
Jorge Mendoza, director ejecutivo del Foro de Educación y Desarrollo Humano por Nicaragua, manifestó que la expulsión de los universitarios revela un deterioro, catalogado de «atroz», de parte del sistema de educación universitaria. Explicó que no solo se ha afectado a los jóvenes que fueron forzados a no continuar con sus carreras en los mencionados recintos, sino también la institucionalidad de la universidad pública y autonomía universitaria.
«Definitivamente Nicaragua debe cambiar. Todas sus instituciones y las instituciones universitarias también tienen que hacerlo, porque el sistema universitario nicaragüense no da para más. No es posible concebir una sociedad democrática, con universidades que no tienen autonomía universitaria. Si la tuviéramos no hubieran ocurrido las expulsiones, la historia sería contada de otra manera, no estaríamos aquí hoy (en la presentación del informe)», destacó Mendoza.
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Irregularidades con los procesos de expulsión
En el caso de la UNAN-Managua, la expulsión fue en agosto 2018. Esta se hizo efectiva tras una decisión de una comisión especial, cuando los casos debieron ser revisados por la comisión superior disciplinaria. A esto se le suma que estuvo conformada por la rectoría en una fecha de periodo vencido, y por último que no hubo derecho a la defensa de cada universitario.
El informe de Acción universitaria detalla las expulsiones por sexo, carrera, nivel académico, tipo de expulsión (grave y muy grave), ubicación actual de los estudiantes, deseo de reintegro, continuidad de estudios en otras universidades y documento probatorio de la expulsión. En el tiempo que se presentó el informe, en un hotel de la capital, hubo asedio policial y hasta un uniformado ingresó a la recepción del sitio a preguntar por las actividades que se realizaban.
