El todavía presidente estadounidense Donald Trump prolongó por un año más su Orden Ejecutiva del 27 de noviembre de 2018, con la que declaró a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
Cuando el presidente Trump dictó esa Orden Ejecutiva que conlleva sanciones a algunos de los principales líderes de la dictadura de Nicaragua, incluyendo a la vicepresidenta del dictador Ortega, todavía estaba fresca la sangre de los centenares de nicaragüenses asesinados en la cruda represión de las protestas sociales que siguieron al estallido de abril de 2018.
Alrededor de 350 personas, incluyendo niños de muy poca edad, y adolescentes, murieron durante aquella insólita matanza, según verificó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la calificó como crimen de lesa humanidad.
La Orden Ejecutiva del presidente de EE. UU., que fue dictada por un año y renovada en noviembre de 2019, se sustenta en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de Estados Unidos, cuya aplicación ha implicado sanciones como el congelamiento de bienes que poseyeran los sancionados en ese país, así como la prohibición a ciudadanos y empresas estadounidenses de tener cualquier relación económica con ellos.
En realidad, la mencionada Orden Ejecutiva debería llamarse de respaldo del presidente de EE. UU. al pueblo de Nicaragua, que lucha por la recuperación de la libertad y la democracia mediante elecciones libres, justas y verificadas internacionalmente.
Daniel Ortega es un dictador poderoso, sin duda, pero solo para oprimir al pueblo de Nicaragua y reprimir a los ciudadanos opositores y disidentes. Aunque Ortega es parte del Foro de Sao Paulo, movimiento conspirativo del neocomunismo en las Américas creado por los difuntos tiranos Fidel Castro de Cuba y Hugo Chávez de Venezuela, en la práctica el dictador nicaragüense no tiene capacidad para ser una amenaza contra ningún otro país de la región, y menos EE. UU.
Ortega fue una amenaza real activa y peligrosa en los años 80 del siglo pasado, cuando encabezaba la primera dictadura sandinista que en contubernio con el régimen castrista de Cuba pretendía exportar la revolución a los demás países de Centroamérica. En esa época entrenaba militarmente en Nicaragua a revolucionarios de otros países y enviaba armas y combatientes sandinistas a luchar con las guerrillas comunistas en la guerra civil de El Salvador.
Ahora las presiones y sanciones de EE. UU. a Ortega son —o tal vez es mejor decir que han sido— para que devuelva la libertad y la democracia que le ha confiscado a su propio pueblo, comenzando con la celebración de elecciones auténticas, de conformidad con los estándares democráticos internacionales.
Han sido, decimos, porque no sabemos cómo será la política de EE. UU. hacia la dictadura de Nicaragua —y las de Cuba y Venezuela— con el nuevo presidente, Joe Biden, que tomará posesión el 20 de enero del año entrante.
